La Cámara de Industria de Guatemala pidió a las autoridades tomar medidas técnicas para atender la crisis.
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La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) afirmó que los bloqueos de carreteras y la implementación de subsidios generalizados no representan una solución efectiva para enfrentar el incremento en los precios de los combustibles.
La institución considera que ambas medidas generan costos adicionales para la economía y no atienden las causas estructurales del problema.
La CIG señaló que como sector industrial productivo, comprenden la difícil situación que enfrentan los guatemaltecos ante el incremento sostenido de los combustibles, lo cual responde a factores externos y las presiones que esto genera sobre la cadena logística e industrias.
El sector industrial hace un llamado a implementar soluciones técnicas y sostenibles frente al incremento de los combustibles, que protejan la productividad, brinden certeza a la economía y eviten medidas que generen mayores costos o endeudamiento para los guatemaltecos.
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"El comportamiento en el precio de los combustibles incide en todos los sectores, desde la producción hasta la distribución interna y externa, provocando un efecto en cascada que reduce la demanda e impacta los precios de los insumos básicos", precisa el comunicado.
Agregó que "paralizar la productividad no reduce el costo de los combustibles", sino que por el contrario, "incrementa los costos para toda la economía".
"Según estimaciones del Observatorio de Políticas Industriales de CIG, un solo día de bloqueos representa una pérdida de Q 217.59 por cada guatemalteco económicamente activo", precisa el texto.
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La Cámara precisó que "para el sector industrial, subsidiar por subsidiar no es la solución" y que "aunque los subsidios aparentemente benefician a quienes movilizan productos o se trasladan a sus trabajos, no representan una respuesta real".
"En la práctica nada es gratis, el costo simplemente se traslada de un lado a otro, utilizando impuestos de los guatemaltecos o préstamos que terminan endeudando al país", precisa el comunicado.
Por ello, la CIG considera que "cualquier intervención económica del Estado debe estar técnicamente sustentada y demostrar con claridad que resolverá el problema de fondo".
