El Colegio de Abogados afirma que legislación es necesaria y ayudar al fortalecimiento del marco legal del país. Sin embargo, adivierte algunos riesgos.
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El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) manifestó su preocupación por diversos aspectos contenidos en la recién aprobada Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
Sin embargo, el Colegio reconoció la importancia de fortalecer el marco normativo nacional para combatir estos delitos y cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el país.
Por medio de un comunicado, la organización profesional recordó que el pasado 27 de enero remitió a la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República un informe con observaciones técnicas y jurídicas sobre la iniciativa de ley.
Esto fue con el propósito de promover una armonización entre los objetivos de prevención del lavado de dinero y el respeto a los principios constitucionales que rigen el ejercicio de las profesiones jurídicas y notariales.
El CANG destacó que comparte plenamente la necesidad de combatir el lavado de dinero, la corrupción y la delincuencia organizada, al considerar que se trata de un objetivo legítimo para el país.
Comunicado pic.twitter.com/NRpEHxUl9W
Asimismo, señaló que "reconoce la importancia de fortalecer el marco normativo nacional para prevenir y combatir" estas actividades ilícitas, así como de avanzar en el cumplimiento de estándares internacionales.
Riesgos y preocupaciones
Sin embargo, la entidad expresó preocupación porque varias de las observaciones planteadas no fueron incorporadas en la versión final aprobada por el Congreso.
Uno de los principales puntos señalados por el Colegio se refiere a la inclusión de los notarios "como personas obligadas en determinadas actuaciones relacionadas con la autorización de instrumentos públicos".
Particulamente a lo relacionado con "bienes inmuebles, la constitución y administración de personas jurídicas, el manejo de fondos y la compraventa de participaciones societarias".
"Esta decisión implica nuevas responsabilidades de registro, conservación documental, análisis de operaciones y remisiones de avisos ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE), transformando significativamente la práctica notarial en Guatemala", precisa el texto.
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La organización también manifestó inquietud respecto de los alcances prácticos de las obligaciones impuestas a los profesionales, particularmente en los casos en que deban valorar la existencia de actividades inusuales o inconsistencias en la información proporcionada por sus clientes.
Aunque la normativa contempla excepciones relacionadas con el secreto profesional y el derecho de defensa, el Colegio considera que aún existen varias interrogantes.
Entre ellas cómo se aplicarán estas disposiciones en la práctica, sobre el equilibrio que debe existir entre la colaboración con las autoridades y las garantías inherentes al ejercicio profesional.
Otro de los aspectos cuestionados es el régimen sancionatorio establecido en la ley.
El CANG indicó que las multas administrativas contempladas son de considerable magnitud y sostuvo que su aplicación debe regirse por criterios estrictos de proporcionalidad, razonabilidad y debido proceso.
La institución se refiere particularmente a los profesionales que ejercen de manera individual o en pequeñas oficinas notariales, cuyas capacidades operativas y económicas difieren de las de las entidades financieras sujetas a supervisión especializada.
En ese contexto, el Colegio consideró necesario que la implementación de la legislación tome en cuenta las condiciones reales en las que se desarrolla el ejercicio profesional en Guatemala y la naturaleza específica de la función notarial.
Para que de esa forma se evite trasladar responsabilidades que excedan el ámbito de actuación legalmente atribuido a los abogados y notarios.
La Junta Directiva del CANG señaló que "continuará dando seguimiento a la implementación de esta normativa y analizará, dentro del marco legal correspondiente, las acciones legales que resulten procedentes para de defensa de los intereses gremiales".
La institución buscará "la protección del ejercicio profesional y la preservación de las garantías constitucionales que amparan a los abogados, notarios y a la ciudadanía en general".
