Institución señala que paralización de proyectos energéticos puede afectar la generación de empleo y limitar el crecimiento de las comunidades.
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La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) pidió a las autoridades evitar que decisiones municipales sin fundamento jurídico obstaculicen el desarrollo de proyectos de infraestructura energética.
La institución advirtió que el país necesita ampliar su capacidad para responder al crecimiento de la demanda eléctrica y fortalecer su seguridad energética.
En un comunicado, la organización empresarial manifestó su preocupación por los señalamientos realizados por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) sobre los obstáculos que enfrentan distintos proyectos del sector energético.
La CIG reconoció que las municipalidades desempeñan un papel fundamental en el desarrollo territorial, pero sostuvo que sus resoluciones deben apegarse al marco legal y sustentarse en criterios técnicos y jurídicos.
El sector industrial hace un llamado a las autoridades para actuar frente a los obstáculos que frenan proyectos de infraestructura energética y garantizar un marco de certeza jurídica que impulse el desarrollo de Guatemala.
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Según la entidad, cuando un concejo municipal condiciona, retrasa o rechaza una licencia con argumentos que carecen de respaldo legal, podría estar incurriendo en una extralimitación de funciones que debe ser revisada por las instituciones correspondientes.
El sector industrial advirtió que la paralización de proyectos energéticos puede afectar la generación de empleo, limitar el crecimiento de las comunidades y debilitar la confianza de los inversionistas.
La Cámara señaló que algunos proyectos pueden cumplir con los requisitos técnicos, ambientales y regulatorios y, aun así, enfrentar retrasos o bloqueos derivados de decisiones administrativas municipales que, a criterio de la organización, responden a intereses políticos o discrecionales.
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"Guatemala necesita ampliar su infraestructura energética para responder al crecimiento de la demanda eléctrica y fortalecer su seguridad energética", indicó la CIG, al plantear el riesgo de que la falta de nuevas inversiones pueda afectar el suministro eléctrico en el futuro.
La organización empresarial también afirmó que los obstáculos injustificados envían una señal negativa sobre las condiciones para invertir en el país, particularmente cuando proyectos considerados estratégicos pueden ser detenidos mediante criterios ajenos a la legislación vigente.
Ante esta situación, la CIG solicitó la intervención de las autoridades competentes, entre ellas la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo con las atribuciones que correspondan a cada institución.
Asimismo, instó a que las decisiones relacionadas con proyectos de infraestructura energética se adopten con base en la ley, la evidencia técnica y el interés nacional, y no dependan de resoluciones arbitrarias de los concejos municipales.
