Penas hasta de seis años de prisión para quienes ingresen sin autorización a sistemas, redes o información protegida se analizan en el Legislativo.
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La discusión de la iniciativa 6347, que propone crear la Ley de Ciberseguridad, continúa en el Congreso de la República y dos comisiones legislativas buscan consensuar un nuevo dictamen que permita retomar el trámite del proyecto ante el pleno. En dicho contenido se propone penas hasta de seis años para quienes incurran en algunos delitos vinculados al tema.
La mañana de este miércoles, la Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el diputado Jorge Ayala, desarrolló una reunión de trabajo en modalidad híbrida para continuar con el análisis técnico de la propuesta legislativa.
Durante la sesión, los congresistas examinaron las reformas planteadas al Código Procesal Penal y otras disposiciones relacionadas con la investigación y sanción de los delitos informáticos.
La discusión incluyó la lectura y revisión de varios artículos que formarían parte del marco jurídico en materia de ciberseguridad.
Entre las modificaciones analizadas figura la reforma al artículo 257 Bis, referente al acceso ilícito a sistemas o datos informáticos.
La Comisión de Economía y Comercio Exterior, instancia presidida por el diputado Jorge Ayala, desarrolló una reunión de trabajo híbrida, dirigida en esta ocasión por los legisladores Mario Gálvez @MarioEGalvez1 y Mynor De la Rosa @mynoralfonsogt, para continuar con el análisis de… pic.twitter.com/Qpz9RliGDt
La propuesta contempla sanciones de entre tres y seis años de prisión para quienes ingresen sin autorización a sistemas, redes o información protegida.
Los diputados también revisaron las disposiciones relacionadas con los ataques contra la integridad de datos y la creación del delito denominado Ataque a la Integridad de Sistemas.
Para esta conducta se plantea una pena de seis a nueve años de prisión, además de otras medidas dirigidas a sancionar las afectaciones contra plataformas y servicios digitales.
La Comisión de Economía continuará con el estudio de la iniciativa para definir el contenido final de las reformas.
El objetivo señalado por los legisladores es dotar al país de una normativa que fortalezca la prevención, investigación y sanción de los delitos cibernéticos, así como la protección de la información y de las infraestructuras tecnológicas.
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El proyecto permanece bajo revisión después de que el pleno del Congreso resolviera devolverlo a las comisiones legislativas para corregir deficiencias técnicas y elaborar un nuevo dictamen.
Aunque la iniciativa había avanzado en su trámite, todavía no está en condiciones de ser discutida por artículos ni aprobada en redacción final.
La iniciativa fue presentada en febrero de 2024 y recibió dictamen favorable con modificaciones en agosto de 2025.
Posteriormente, superó el primer y segundo debates en septiembre de ese año, pero en abril de 2026 fue devuelta a comisión debido a dudas sobre su estructura institucional, contenido jurídico y mecanismos de aplicación.
Actualmente, las comisiones de Economía y Comercio Exterior y de Asuntos de Seguridad Nacional buscan unificar criterios y emitir un dictamen conjunto.
Entre los temas pendientes se encuentran la institución que dirigirá la política nacional de ciberseguridad, la coordinación entre las entidades responsables y la separación de funciones entre ciberseguridad y ciberdefensa.
Las salas legislativas revisan la proporcionalidad de las penas y multas previstas para delitos como la interceptación ilícita de comunicaciones, el fraude informático, la falsificación digital, el robo de identidad y los ataques contra bases de datos.
La intención es armonizar la normativa con estándares internacionales y evitar sanciones que resulten insuficientes o desproporcionadas.
