A principios de abril último, las instituciones públicas se enfrentaron a una cadena de incidentes tecnológicos que evidenciaron la necesidad de mejorar en ese aspecto.
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Una serie de incidentes registrados en los últimos meses contra sistemas informáticos de instituciones públicas puso en evidencia las vulnerabilidades que enfrenta el Estado.
Dichas debilidades son para proteger su infraestructura digital, resguardar información sensible y responder de manera coordinada ante amenazas cibernéticas.
Los casos afectaron a entidades con funciones estratégicas, entre ellas la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Laboratorio Nacional de Salud y sistemas vinculados a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
Aunque cada incidente presentó características distintas, en conjunto reflejaron los desafíos que enfrenta el sector público para fortalecer la seguridad de sus plataformas digitales.
El primer caso de mayor impacto público ocurrió a principios de abril en la Digecam, donde un incidente informático generó preocupación por un posible acceso a información bajo resguardo estatal.
El Ejército informó que los datos sustraídos no superaban los cinco gigabytes, descartó una filtración masiva y aseguró que no existió una exigencia de rescate por parte de los responsables.
Posteriormente, el Ministerio de Trabajo reportó afectaciones en plataformas utilizadas para trámites y servicios digitales.
A esto se sumó el Laboratorio Nacional de Salud, que confirmó un incidente que, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), fue contenido sin evidencias de compromiso de información sensible y cuyo origen preliminar podría ser internacional.
A estos hechos se sumaron incidentes tecnológicos relacionados con sistemas de la Usac, ampliando las preocupaciones sobre la protección de la infraestructura digital pública.
Luego de estos eventos, el 15 de abril el Organismo Ejecutivo anunció una serie de acciones dentro del Plan de Transformación Digital.
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Entre ellas la implementación del Sistema Nacional de Ciberseguridad, la elaboración de un catálogo de infraestructuras críticas y el fortalecimiento de las capacidades de cada institución mediante recursos propios, con una ampliación prevista para el presupuesto de 2027.
Con el objetivo de conocer el avance de estas medidas, Soy502 consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia sobre el estado de implementación de la estrategia, el catálogo de infraestructuras críticas y la asignación de recursos para ciberseguridad.
Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Advierten debilidades
En declaraciones anteriores Julia Marielos Argueta Revolorio, ingeniera en sistemas y docente universitaria, indicó que los recientes incidentes no deben analizarse únicamente desde el punto de vista tecnológico.
Más bien, deben verse como reflejo de deficiencias estructurales en la gestión de la seguridad informática del Estado.
A su juicio, dos de las principales vulnerabilidades son la falta de controles robustos para limitar el acceso a la infraestructura tecnológica y la inexistencia de una adecuada segregación de las funciones dentro de las instituciones.
La especialista señaló que el factor humano continúa siendo el eslabón más vulnerable de cualquier organización.
En ese sentido, afirmó que las instituciones deben impulsar una verdadera cultura de ciberseguridad que involucre a todo el personal, desde las autoridades hasta quienes desempeñan labores administrativas, de mantenimiento o limpieza.
Esto debido a que "todos pueden tener contacto con información sensible o conocer procesos internos que podrían ser aprovechados por un atacante".
Carlos Boche, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Telecomunicaciones de la Universidad Rafael Landívar, recordó que los ataques informáticos no son un fenómeno reciente en Guatemala, aunque actualmente son más visibles.
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Desde su perspectiva, el país enfrenta tres desafíos inmediatos: renovar la infraestructura tecnológica, incrementar la inversión en personal especializado y construir una estrategia nacional de ciberseguridad.
Indicó que muchas instituciones continúan operando con equipos y programas obsoletos, mientras que la escasez de profesionales certificados limita la capacidad para prevenir y responder a incidentes.
Boche enfatizó que ninguna inversión tecnológica será suficiente si el personal no está adecuadamente capacitado.
Estuardo Alegría, gerente de Servicios Profesionales de Sistemas Aplicativos S. A. (SISAP), sostiene que las organizaciones deberían destinar entre el 8 % y el 12 % de su presupuesto tecnológico a ciberseguridad, siempre con base en un análisis de riesgos y retorno de inversión.
Además, considera indispensable crear una institución que lidere la ciberseguridad a nivel nacional, establezca estándares mínimos y coordine la protección de los datos de los ciudadanos entre todas las entidades públicas.
A este análisis se suma José Amado, experto en seguridad cibernética e inteligencia artificial, quien advirtió que la falta de medidas oportunas podría ampliar la brecha entre las instituciones que cuentan con capacidades para protegerse y aquellas que permanecen altamente vulnerables frente a amenazas cada vez más sofisticadas.
Según explicó, la transformación digital avanza con rapidez, pero no todas las organizaciones evolucionan al mismo ritmo en materia de seguridad.
Esto provoca que quienes no invierten en protección, capacitación y gestión de riesgos queden expuestos a sufrir incidentes con consecuencias cada vez más severas.
