La Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento Institucional Democrática en Guatemala, solicitó un proceso transparente, oportuno y por méritos para elegir al nuevo Contralor General de Cuentas.
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La Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento Institucional Democrática en Guatemala, pidió un proceso transparente, oportuno y por méritos para el proceso de elección del próximo jefe de la Contralor General de Cuentas (CGC), período 2026-2030.
El proceso forma parte de las elecciones de segundo grado, cuyo proceso se activó el pasado 2 de junio con la convocatorai a interar la Comisión de Postulación.
Por medio de un comunicado, la Misión manifestó que reconoce la función esencial que la CGC cumple para la rendición de cuentas, la transparencia y el control de los recursos públicos y manifestó su preocupación sobre quiénes integrarán la respectiva postuladora.
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Según la ley, la comisión es presidida por el rector que se designe en el foro de rectores de las universidades del país y según la OEA, preocupa la incertidumbre por la elección de dicho cargo en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
La OEA recordó que dicha postulaldora se integra por los decanos de las facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de cada universidad del país.
La instancia en mención también contará con la presencia de un número equivalente de representantes electos por los colegios profesionales, principalmente del Colegio de Contadores Públicos y Auditores y del Colegio de Economistas.
De esta cuenta, en el comunicado se expresa un llamado de atención para que se reflexione, con la debida transparencia, sobre la procedencia de la participación de instituciones de creación reciente respecto de las cuales no se cuente con elementos públicos que acrediten instalaciones conocidas, una población estudiantil efectiva o trayectoria académica.
Además, solicita que la verificación de la idoneidad de las instituciones llamadas a integrar la Comisión de Postulación sea conforme a los criterios constitucionales y legales aplicables, con apego a la objetividad, la trasparencia y el interés público.
