Proyecto establece mecanismos especiales de contratación y financiamiento para desarrollar el proyecto ferroviario.
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El Congreso de la República discute la aprobación de la iniciativa que busca establecer las condiciones jurídicas, técnicas y administrativas para implementar un sistema ferroviario de pasajeros en el área metropolitana de Guatemala, mejor conocida como Metroriel.
El objetivo del proyecto es ofrecer transporte masivo y reducir los tiempos de desplazamiento de las personas en la metrópoli.
Se trata de la iniciativa 6830, denominada "Ley para la Implementación de un Sistema Ferroviario de Pasajeros en el Área Metropolitana", cuyo dictamen fue leído hoy en el pleno.
El proyecto recibió dictamen favorable con modificaciones de la Comisión de Descentralización y Desarrollo, ahora la propuesta deberá continuar su trámite en el pleno legislativo.
El proyecto fue presentado el 18 de agosto de 2026 y ese mismo día fue conocido por el pleno y enviado a la comisión para su análisis.
El dictamen está fechado el 13 de octubre y fue enviado a Dirección Legislativa para solicitar su inclusión en agenda.
La propuesta pretende ofrecer una alternativa de transporte masivo para reducir los tiempos de desplazamiento de la población. https://t.co/eaKEG3lJeG
La iniciativa plantea responder a los problemas de congestionamiento vial que afectan a la capital y los municipios de su entorno.
En sus antecedentes se advierte que los extensos traslados repercuten en la productividad, la calidad del aire y la vida cotidiana. Los ponentes consideran que un tren facilitaría el acceso al trabajo, la educación y los servicios.
El dictamen considera que la propuesta es viable, oportuna y necesaria, y recomienda su aprobación con modificaciones.
La comisión también sostiene que no es necesario crear una nueva institución ferroviaria.
En su análisis indica que la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) ya posee atribuciones legales para prestar ese servicio y que debe conservar la responsabilidad sobre las decisiones públicas.
Además, plantea aprovechar el derecho de vía existente y permitir que, cuando sea técnicamente posible, coexistan los servicios de pasajeros y de carga.
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En cuanto al contenido de la iniciativa, el proyecto de decreto comprende 15 artículos.
Los primeros declaran de interés nacional la ejecución y puesta en marcha del sistema y crean un régimen especial, excepcional y temporal aplicable desde su planificación hasta la entrega.
Fegua sería la entidad encargada de coordinar el diseño, la construcción, la supervisión, las pruebas y la entrada en funcionamiento, con apoyo del Ministerio de Finanzas, la Secretaría de Planificación, las municipalidades y otras entidades competentes.
Uno de los aspectos centrales es que Fegua podría contratar directamente a una firma o consorcio internacional especializado para instalar una Oficina de Gestión Técnica del Proyecto (OGTP).
Esta instancia prestaría asistencia en ingeniería, planificación, contrataciones, gestión de contratos y ejecución de las obras.
Sus informes y recomendaciones quedarían documentados, pero las decisiones continuarían bajo responsabilidad de Fegua.
La firma asesora no podría participar después como contratista, subcontratista u oferente de las obras del mismo proyecto.
La iniciativa también establece un régimen especial para adquirir obras, bienes, equipos, tecnología y servicios.
Según el artículo 5, estas contrataciones no estarían sujetas a los procedimientos de la Ley de Contrataciones del Estado, sino a una estrategia propuesta por la oficina técnica y aprobada por Fegua, con estándares internacionales.
El texto exige aplicar principios de competencia, publicidad, igualdad de trato, prevención de conflictos de interés, trazabilidad y rendición de cuentas.
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En el ámbito financiero, se dispone que Fegua deberá contar con disponibilidad presupuestaria antes de firmar contratos y programar recursos cuando las obligaciones abarquen varios años fiscales.
La Secretaría de planificación tendría que habilitar un mecanismo específico dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública para permitir una gestión integrada de las etapas de preinversión e inversión.
Asimismo, Fegua debería incluir cada año en su anteproyecto de presupuesto los fondos necesarios para avanzar en el proyecto.
La comisión aclara que aprobar la ley no equivaldría a disponer automáticamente de todo el financiamiento para construir el sistema ni constituiría una autorización ilimitada de gasto.
Cada fase dependería de estudios, programación presupuestaria y controles aplicables.
El documento tampoco fija un monto total de inversión, una ruta ferroviaria definitiva o una fecha de inicio de operaciones.
Las tarifas, los posibles subsidios, la operación comercial y el mantenimiento quedarían sujetos a instrumentos posteriores.
Para el control del proyecto, la propuesta obligaría a Fegua a publicar sus instrumentos contractuales en su sitio web y sus traducciones al español cuando corresponda, salvo las excepciones legales de confidencialidad.
También permitiría incorporar cláusulas de arbitraje y jurisdicción internacional, mantendría la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas y de la auditoría interna de Fegua, y exigiría informes semestrales al Congreso.
En su evaluación, la comisión subraya que el futuro tren debería integrarse con otros medios de transporte público y no funcionar como una infraestructura aislada.
