La falta de acuerdos entre sectores en la Comisión Nacional del Salario deja nuevamente en manos del Ejecutivo la fijación del sueldo mínimo para 2027, tras una propuesta gubernamental de incremento de entre 4% y 7%.
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La Comisión Nacional del Salario (CNS) concluyó formalmente el proceso de negociación para la fijación de las remuneraciones mínimas correspondientes al año 2027 sin haber alcanzado un acuerdo tripartito entre la representación gubernamental, los trabajadores y el sector empleador.
En consecuencia, la falta de consenso obliga a que sea nuevamente el presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien determine la cuantía del ajuste mediante decreto gubernativo, en estricto cumplimiento de lo establecido en el Código de Trabajo y el marco legal guatemalteco vigente.
Hasta 7% de aumento
Durante la mesa de negociación, el sector gubernamental presentó una propuesta técnica respaldada en una fórmula de ajuste que contempla variables macroeconómicas como la inflación, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el dinamismo poblacional, planteando un rango de incremento salarial de entre el 4% y el 7%.
De aprobarse dicha propuesta en su techo máximo, el sueldo no agrícola en el departamento de Guatemala —que actualmente se sitúa en Q4,252.28 brutos mensuales con bonificación— pasaría a superar los Q4,500, mientras que las actividades agrícolas y de maquila en el resto del país, cuyos mínimos actuales oscilan entre Q3,471.10 y Q3,875.89, experimentarían alzas de hasta Q270 mensuales.
Por su parte, la representación sindical demandó un aumento generalizado del 10% para todas las actividades económicas y circunscripciones del país, mientras que el sector empresarial supeditó la aplicación de cualquier fórmula a que esta incorpore de forma fiel los parámetros técnicos recomendados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), argumentando que dichos criterios fueron excluidos del planteamiento oficial.
Peligro económico
Desde el año 2024, las decisiones unilaterales del Organismo Ejecutivo han decretado incrementos de forma consecutiva, fijando en 2024 un ajuste de hasta el 6.9%, en 2025 un incremento del 10% para los sectores agrícola y no agrícola, y para 2026 una subida de hasta el 7.5%.
No obstante, el sector productivo ha señalado que el encarecimiento por decreto de la mano de obra, sin que este se traduzca en una mejora real de la productividad ni en la atracción de nuevos capitales, genera distorsiones severas en la economía nacional y amenaza con desacelerar la generación de puestos de trabajo.
El argumento de que la fijación de un salario mínimo artificialmente elevado constituye una herramienta efectiva contra la pobreza choca con la realidad del mercado laboral guatemalteco, en el cual la tasa de informalidad abarca a más del 70% de la Población Económicamente Activa, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).
De acuerdo con diversos informes sobre competitividad del sector privado, imponer incrementos salariales al margen de la capacidad de absorción del tejido empresarial desincentiva la contratación formal, empuja a miles de trabajadores a la precariedad de la economía informal y limita el crecimiento productivo del país.
Decisión final
Ante la imposibilidad de conciliar las posturas en el seno de la mesa tripartita, la atribución legal de fijar los salarios que regirán a partir del 1 de enero de 2027 queda supeditada a la discrecionalidad del Presidente de la República, quien deberá oficializar su decisión por medio de un Acuerdo Gubernativo emitido antes de que finalice el año.
En el comunicado oficial divulgado tras el cierre de las sesiones, la Comisión Nacional del Salario señaló que "reafirma su compromiso con el diálogo social y el análisis técnico como bases de una política salarial que contribuya al trabajo decente y al desarrollo inclusivo y sostenible de Guatemala".
Sin embargo, la resolución final queda completamente bajo la potestad de Bernardo Arévalo, en un escenario donde el balance entre competitividad económica y demandas laborales vuelve a tensionar la agenda productiva del país.
