Solo el sector de vestuarios y textiles reporto una pérdida de 12 mil puestos de trabajo durante el 2025 por el incremento al salario mínimo. Con la nueva subida, los empleos, auguran, seguirán reduciéndose.
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A finales de 2026, el Gobierno de Guatemala anunció un incremento al salario mínimo de 4% para el sector exportador, 5.5% para actividades agrícolas y 7.5% para actividades no agrícolas.
Durante el anuncio, el presidente Bernardo Arévalo, dijo: "Esta es una medida que beneficiará a todas las familias guatemaltecas, porque lo que nos espera en el futuro es una Guatemala con prosperidad, justicia social y dignidad".
Aunque este beneficio fue aplaudido por el sector sindical y empleados, para el sector privado, la realidad es diferente. Los empresarios, además de rechazar y cuestionar el alza, reconocen que estos nuevos porcentajes eliminarán plazas de trabajo.
En este sentido, Alejandro Ceballos, director Ejecutivo de la Comisión de Vestuarios y Textiles (Vestex) de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), señaló que, durante el 2025, cuando se decretó un aumento, el sector perdió más de 12 mil puestos de trabajo.
El empresario señala que el 2025 fue un mal año para subir el salario, porque no se contaba con la medida arancelaria impuesta por Estados Unidos. Y para este 2026, auguran que podrían perderse más de 6 mil empleos.
Repercusiones negativas
Para Olav Dirkmaat, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín, el alza al salario mínimo resta competitividad al país al tener uno de los salarios mínimos más altos y niveles de productividad bajos en Latinoamérica.
"Esto destruye el empleo formal, incluido el que cotiza en el IGSS (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social), y el error del Ejecutivo es plantear mal la pregunta: no se trata de si el aumento del año pasado destruyó empleo formal en un país con 75% de informalidad, sino de si se logra crear empleo formal y reducir la informalidad. Las consideraciones supuestamente técnicas del Ejecutivo carecen de rigor", señaló el catedrático.
Por aparte, Jorge Benavides, analista económico de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), explica que, para desarrollar el tema, no existen opiniones ya que los números son contundentes.
"El incremento en el salario mínimo dejó de ser previsible, y esto ha hecho que se desacelere la creación de nuevos empleos formales: +6.50% anual (promedio entre 2020 y 2024) versus +3.96% anual en 2025. De igual forma, se ha reducido la creación de nuevas empresas, pasando de +13.84% anual (promedio entre 2020 y 2024) a +8.93% anual en 2025", detalló el especialista.
Señala, que el debate público del tema se ha ido hacia un punto de quiebre insalvable, pero que narrativamente es falso. "Se dibuja a los antagonistas como "a favor" o "en contra" que los trabajadores ganen más, ubicando a políticos en un lado y al sector empresarial en el otro. Sin embargo, lo que la evidencia muestra es que hay un interés genuino de ambas partes en que los trabajadores ganen más, pero la diferencia radica en el cómo", concluyó.
Ingreso mensual es más bajo
La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) compartió con Soy502 un análisis realizado con base en la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua (Eneic-2025), en la cuál destaca que el ingreso promedio mensual en el área rural es de Q1,986, mientras que en el sector urbano es de Q2,772.
Según la CIG, estas cifras revelan que el mercado laboral informal opera con niveles de remuneración sustancialmente inferiores al salario mínimo legal vigente, generando una brecha efectiva estimada entre Q1,225 y Q2 mil mensuales.
"En este contexto, la persistencia de un salario mínimo homogéneo y elevado, desvinculado de las condiciones económicas territoriales, introduce distorsiones significativas en el mercado laboral, incentiva la informalidad, limita la creación de empleo formal y restringe la capacidad de expansión del sector productivo", se lee en el documento.
Finalmente, los empresarios concluyen que el aumento al salario mínimo motiva el cierre de empresas, menos afiliados al IGSS, mayor evasión de impuestos, menor dinamismo económico y "un deterioro en las condiciones de vida de la población".
