Las reformas constitucionales que se están discutiendo en el Congreso son necesarias y fortalecerán el combate a la impunidad.
Su objetivo central es mejorar la integración del Organismo Judicial (OJ) y sus más altas cortes con jueces independientes, formados para ejercer la judicatura con excelencia y dedicados únicamente a administrar justicia.
La propuesta busca evitar que haya jueces y magistrados que sean socios o empleados de bufetes, que se la pasen traficando influencias para quedar bien con políticos, empresarios y abogados y sobre todo, que utilicen su cargo para repartir plazas y abusar de los recursos del OJ.
Quienes adversan las reformas repiten a los cuatro vientos que éstas podrían convertir a Guatemala en una dictadura populista como Venezuela. Eso es un disparate, difundido con el único propósito de generar miedo y confusión.
Esta falsa discusión me recuerda otra, que también provocó especulaciones apocalípticas: cuando se debatió la posibilidad de autorizar métodos de investigación especiales, en particular las escuchas telefónicas, en casos penales.
En ese entonces, abogados y legisladores de esos que andan con la nariz respingada clamaban que estábamos cediendo el núcleo de nuestra libertad y que las leyes contra el crimen organizado nos convertirían en un estado policial, donde todos seríamos perseguidos políticos, como en los años más siniestros del enfrentamiento armado.
¿Y qué pasó? Para los ciudadanos honestos, nada nuevo. Pero la ley sí funcionó contra los mafiosos. Hemos visto desfile de secuestradores, extorsionistas, sicarios y funcionarios corruptos, incluso un presidente de la república, procesados y condenados gracias a las escuchas telefónicas.
El sistema actual de integración de Cortes está en buena parte definido por la Constitución, que hace descansar la elección de magistrados en comisiones de postulación y el Congreso de la República. Ese sistema fue cooptado por las mafias y se ha pervertido hasta convertirse en la absoluta cloaca que nos dio las Cortes actuales, en 2014.
La oficina del IGSS desde donde se fraguó la elección de las Cortes
En ese oportunidad, según me denunciaron personalmente dos magistradas, los operadores de la elección llegaron a extorsionar, cual mareros, a quienes se postularon, exigiéndoles el pago de 50 mil quetzales o la entrega de su vehículo personal.
La magistrada Claudia Escobar también reveló públicamente cómo el diputado Gudy Rivera, expresidente del Congreso, intentó chantajearla con un fallo favorable a Roxana Baldetti, a cambio de asegurarle el puesto en la elección.
En medio de ese escándalo, la propia expresidenta Roxana Baldetti recordó que ella había participado en una negociación de Cortes, literalmente, “alrededor de una cama”.
A raíz de ello, tenemos hoy las peores cortes de nuestra historia democrática, al punto que tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia enfrentan hoy proceso penal. Si no cambiamos el sistema, para lo cual se requiere cambiar la Constitución, ¿cómo esperamos tener resultados diferentes en 2019, cuando por mandato constitucional hay que renovar Cortes?
Hay que reformar la Constitución para apuntalar un sistema de carrera judicial que asegure jueces independientes, diseñado para permitir que los mejores escalen y que los ineptos y corruptos sean sancionados y eliminados.
Si no hacemos nada, nos quedaremos con lo mismo que tenemos: un sistema podrido que solo favorece a los criminales y sus aliados.
