Señalan que se está vulnerando la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho de los ciudadanos a optar a cargos públicos.
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Debido a que la falta de nombramiento del titular de la Superintendencia de Competencia (SICOM), fue interpuesta una acción de amparo en contra del directorio de la institución.
La justificación planteada indica que la ausencia de dicha figura mantiene paralizada a la autoridad encargada de velar por la competitividad en Guatemala.
El objetivo de la acción constitucional es obligar a la institución a convocar un nuevo proceso de selección, abierto y conforme a la ley, para designar a la máxima autoridad de la entidad.
El amparo también busca impedir que se utilicen mecanismos que, según los accionantes, ya fueron agotados y carecen de sustento jurídico para realizar un nuevo nombramiento.
De acuerdo con el planteamiento de la acción, luego de la renuncia del Superintendente en mención, el pasado 10 de marzo de 2026, el directorio estaba legalmente obligado a activar un nuevo procedimiento de elección.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha iniciado dicho proceso e incluso, según consta en actas oficiales, se habría planteado la posibilidad de designar al sustituto a partir de candidatos que participaron en un proceso anterior.
Los accionantes sostienen que esa alternativa no tiene respaldo legal y advierten que, sin un superintendente, la SICOM no puede investigar prácticas anticompetitivas.
Tampoco podría sancionar conductas ilegales, autorizar operaciones de concentración económica ni ejercer plenamente sus funciones de supervisión cuando la Ley de Competencia entre en vigencia total en diciembre de este año.
Asimismo, señalan que la falta de una autoridad titular limita el desarrollo institucional de la Superintendencia, dificulta la ejecución presupuestaria y retrasa la implementación de herramientas fundamentales para su funcionamiento.
En la práctica, afirman, la institución existe formalmente, pero enfrenta importantes obstáculos para avanzar en el cumplimiento de sus objetivos.
El amparo también cuestiona la posibilidad de aplicar un artículo transitorio de la Ley de Competencia que fue diseñado exclusivamente para la primera elección del Superintendente.
Según el recurso legal, dicho mecanismo fue de uso único y ya se encuentra agotado, por lo que no puede servir de fundamento para una nueva designación.
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Los interponentes sostienen que la situación vulnera principios constitucionales como la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho de los ciudadanos a optar a cargos públicos en condiciones de igualdad.
"Si alguno de los candidatos del proceso anterior tiene interés genuino en el cargo, está en todo su derecho de postularse", afirmó Ignacio Andrade Aycinena, abogado interponente del amparo.
El profesional de las leyes agregó que si alguno de los anteriores aspirantes desea competir por el cargo "debe hacerlo en igualdad de condiciones, dentro de un proceso abierto y transparente".
"Lo que no puede ocurrir es que se reserve el puesto utilizando un reglamento que la ley ya no autoriza", afirmó Andrade Aycinena.
Señaló que el propósito de la acción constitucional es garantizar que Guatemala cuente con una autoridad de competencia operativa, legítima y nombrada conforme al marco legal vigente.
