Dos salas legislativas analizarán la propuesta que plantea liberar de trámites las compras y contratacioens que haga el Gobierno.
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Una iniciativa que busca autorizar a la mayoría de entidades del Estado para que hagan compras directas durante todo lo que resta del gobierno de Bernardo Arévalo avanzó este martes 5 de agosto en el camino para su aprobación.
El pleno del Congreso conoció la propuesta, que es impulsada por diputados oficialistas, y la remitió a las Comisiones de Economía y Finanzas. Cada sala, por separado, tendrá que hacer su análisis y emitir un dictamen sobre la viabilidad de crear una ley de tal naturaleza.
Para agilizar el gasto
Denominada ley para la agilización de la inversión pública, la iniciativa ha sido duramente criticada por congresistas, analistas y sector privado por presuntamente "incentivar la corrupción", aunque el oficialismo niega ese extremo.
Uno de los legisladores que ha sido más crítico con el proyecto es Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, quien ha hecho señalamientos como: "ni (Alejandro) Giammattei se atrevió a tanto".
Además, ha indicado que la aprobación de una normativa como esta sería equivalente a "un estado de calamidad por tres años", en alusión al tiempo en que se busca liberar las compras y contrataciones que hagan tanto el Gobierno como los consejos de desarrollo.
Estrada tendrá que dirigir uno de los análisis del proyecto.
Adquisiciones sin controles
La iniciativa en mención está registrada con la nomenclatura 6576 y, aunque está en el Congreso desde el pasado 14 de julio, se supo de ella recientemente, ya que el oficialismo no la presentó en público.
Entre los aspectos más relevantes que contiene figuran los siguientes:
- Declara de urgencia nacional las inversiones en temas de carreteras, salud, educación y proyectos de desarrollo urbano y rural, entre otros.
- Faculta la contratación directa o por cotización, sin obligación de realizar licitación pública, en varias instituciones, incluida la mayoría de ministerios.
- Autoriza la suscripción de convenios de cooperación técnica y ejecución de obras con entes internacionales.
- Establece un plazo de cinco días hábiles para resolver trámites, como licencias, permisos y dictámenes, con prioridad para los consejos de desarrollo.
- Autoriza compras directas por montos de hasta Q200 mil.
- Fija en Q2 millones el monto máximo para las adquisiciones que se podrían hacer sin autorización superior.
- Crea un fondo especial a donde llegarían los recursos destinados a las obras, el cual sería administrado por el Crédito Hipotecario Nacional.
- Establece una duración de tres años para la aplicación de la normativa, pero podría haber prórroga.
