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El reclamo de Roxana Baldetti al juez por dejarla en prisión

  • Por Soy502
10 de diciembre de 2019, 12:12
Roxana Baldetti se encuentra en prisión desde 2015. (Foto: archivo/Soy502) 

Roxana Baldetti se encuentra en prisión desde 2015. (Foto: archivo/Soy502) 

La exvicepresidenta Roxana Baldetti reclamó que el caso de corrupción, donde se le involucra por el supuesto cobro para adjudicar plazas laborales en el Registro de Información Catastral (RIC), está dirigido en contra de ella. 

En la audiencia de este martes, donde el Ministerio Público (MP) solicitó que enfrente juicio junto a otros sindicados, Baldetti pidió la palabra al juez Pedro Laynez, quien la escuchó. 

Pareciera que todo el caso va dirigido específicamente sobre Roxana Baldetti
Roxana Baldetti
, exvicepresidenta

La participación de Baldetti se hace a través de videoconferencia con la cárcel para mujeres Santa Teresa donde permanece privada de libertad. Al inicio se resistía a presenciar la audiencia. 

Reclamó que otros involucrados gocen de medidas sustitutivas cuando su equipo legal solicitó "que no se le impusiera cárcel sobre cárcel. Fui la única no favorecida", expresó. 

También se preguntó: "¿Cómo hubo asociación ilícita si el ingeniero Álvarez ya esta libre?". La persona a la que se refiere, es según el MP, quien el entregó mensualmente un soborno de 50 mil quetzales. 

FECI pide 

La fiscal, Lesly Rosales, pidió al juez que los procesados enfrenten juicio. "La red estaba liderada por Ingrid Roxana Baldetti", señaló Rosales y mencionó que tenía otros colaboradores como Emilia Ayuso, Juan Carlos Monzón y Gustavo Nájera entre otros. 

La estructura se interesó en el presupuesto del RIC expuso Rosales: "La institución era utilizada por su alto presupuesto para asignar plazas que fueran para pagos políticos, judiciales o beneficios personales". 

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) la red cobró, en algunos casos, sobornos para adjudicar plazas fantasma. Otra modalidad fue crear varios puestos de trabajo y saquear el dinero o pagar a personas que en realidad trabajan para otros funcionarios como el caso de la exdiputada Daniela Beltranena. 

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