La cartera de Gobernación no ha proporcionado mayores detalles sobre la situación de los policías encargados de proteger al abogado.
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La actuación y el paradero de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que estaban asignados al esquema de seguridad del abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa continúan generando interrogantes.
A cinco días del crimen, el Ministerio de Gobernación (Mingob) no ha proporcionado información detallada sobre la situación administrativa de los agentes, si fueron reasignados a otras unidades o si existe alguna investigación relacionada con su actuación durante el ataque armado.
La última explicación pública específica sobre el comportamiento de los escoltas fue proporcionada por el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, durante una conferencia de prensa celebrada el mismo día de ocurrido el crimen.
En esa oportunidad, el funcionario explicó que Solórzano Foppa contaba con protección policial desde 2010, debido a su trabajo como fiscal del Ministerio Público (MP), donde investigó estructuras criminales, entre ellas la pandilla del Barrio 18.
También indicó que el esquema de seguridad le fue reforzado en 2025 debido al perfil político del abogado.

Sin embargo, desde aquellas declaraciones, Gobernación no ha ampliado la información sobre los agentes que integraban el dispositivo de protección.
¿Qué ocurrió durante el ataque?
Durante la conferencia de prensa del 17 de octubre, Villeda explicó que, según la información preliminar recopilada por las autoridades, Solórzano Foppa se encontraba en una cancha de fútbol en el complejo deportivo Campo Marte, zona 5 capitalina, acompañado de su hijo menor de edad.
Señaló que el abogado no participaba directamente en el encuentro deportivo, sino que dirigía a su equipo desde las inmediaciones del terreno de juego.
Según el ministro, Solórzano Foppa solicitó a uno de sus escoltas que permaneciera junto a su hijo mientras él se acercaba al área donde se desarrollaba el partido.
De acuerdo con la versión proporcionada por los agentes, estos quedaron a una distancia aproximada de entre 30 y 40 metros del abogado cuando comenzó el ataque armado.
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Villeda señaló que los policías intentaron reaccionar ante los disparos, pero la situación se complicó debido a la confusión y al movimiento de las personas que se encontraban en el lugar.
"La escolta, en su momento, tuvo un intento de reacción, pero fue demasiado tarde", manifestó el funcionario.
El ministro advirtió entonces que se trataba de información preliminar, sujeta a verificación, sin embargo, Gobernación no ha divulgado posteriormente los resultados de una evaluación que permita establecer si los agentes cumplieron con los protocolos de protección correspondientes.
Tampoco se ha aclarado públicamente si la distancia entre los escoltas y el abogado era compatible con las medidas de seguridad establecidas para su resguardo.
Consultas al Mingob
Ante la falta de información, Soy502 trasladó varias consultas a la unidad de Comunicación Social del Mingob para conocer la situación de los policías y establecer qué medidas adoptaron las autoridades después del asesinato.

La primera pregunta buscaba determinar si los agentes continúan prestando servicio en la PNC o si fueron reasignados a otras unidades o, por el contrario, separados temporalmente de sus funciones.
También se solicitó establecer si los escoltas fueron puestos a disposición del MP para colaborar con las investigaciones y, de ser así, si comparecieron como testigos, entrevistados o investigados.
Otra interrogante se centró en conocer si Gobernación o la Inspectoría General de la PNC abrió una investigación administrativa para determinar si los policías cumplieron los protocolos de protección durante el ataque.
En ese sentido, también se preguntó si las autoridades habían establecido por qué los escoltas permanecían a una distancia de entre 30 y 40 metros de Solórzano Foppa cuando comenzaron los disparos.
Finalmente, se consultó si existe alguna disposición especial para los agentes, como suspensión de funciones, reasignación, medidas para resguardar su integridad física o restricciones operativas, así como la autoridad responsable de ordenar esas acciones.
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El Mingob respondió: "lamentablemente por la reserva que el MP levantó por este caso nos es imposible responder estas preguntas, de momento".
Aunque las autoridades han emitido pronunciamientos generales sobre la investigación del crimen, desde la conferencia de prensa del 17 de octubre no han ofrecido nuevas explicaciones específicas sobre el desempeño del esquema de seguridad.
"Gobernación debe investigar e informar"
El abogado penalista Fernando Linares-Beltranena considera que el Mingob tiene la obligación de investigar administrativamente la actuación de los agentes de la PNC que estaban asignados al esquema de seguridad de Juan Francisco Solórzano Foppa cuando ocurrió el ataque armado.
El jurista cuestionó que los policías no hayan logrado proteger al exfiscal, particularmente porque, según la versión oficial, se encontraban a una distancia de entre 30 y 40 metros cuando comenzaron los disparos.
Linares-Beltranena explicó que las posibles responsabilidades legales deben analizarse a partir de las circunstancias del asesinato y del grado de participación que eventualmente pudiera acreditarse a cada persona.

Señaló que el Código Penal contempla distintas formas de intervención en un hecho delictivo, como la autoría y la complicidad, además de figuras relacionadas con el encubrimiento.
Sin embargo, agregó que para establecer una eventual responsabilidad penal de los escoltas sería necesario demostrar una conducta delictiva concreta, más allá de un posible incumplimiento de sus funciones de protección.
El penalista también cuestionó la actuación policial posterior al crimen y expresó sospechas sobre posibles irregularidades en la captura de los hermanos Choc Toz, quienes recuperaron su libertad después de que un juez dictara falta de mérito a su favor.
Linares-Beltranena vinculó sus cuestionamientos con los señalamientos sobre la presunta plantación de un arma durante las detenciones.
Respecto de la información que debería proporcionar el Ministerio de Gobernación, el abogado sostuvo que, como mínimo, corresponde identificar los rangos de los agentes involucrados y establecer la cadena de mando responsable del esquema de protección.
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A su criterio, esa información permitiría determinar qué funcionarios tenían bajo su responsabilidad la supervisión de los policías y quiénes deben explicar las decisiones adoptadas antes, durante y después del ataque armado.
Finalmente, consideró que las responsabilidades institucionales también deben examinarse en los niveles superiores del Ministerio de Gobernación, debido a su función de dirección sobre la PNC.
Sobre el crimen
Juan Francisco Solórzano Foppa murió por heridas de arma de fuego el sábado 17 de octubre durante un ataque armado perpetrado en las instalaciones deportivas de Campo Marte, en la zona 5 capitalina.
En el hecho también murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, vinculado al ámbito deportivo.

Después del crimen, la PNC reportó la captura de los hermanos Choc Toz, quienes fueron señalados inicialmente por su presunta vinculación con el ataque.
Sin embargo, ambos recuperaron su libertad luego de que un juez dictara falta de mérito a su favor.
Las detenciones también generaron cuestionamientos por señalamientos de una supuesta siembra de pruebas, situación que las autoridades han indicado que debe ser investigada.
El MP mantiene las investigaciones para esclarecer el doble asesinato, determinar el móvil e identificar a los responsables.
Mientras tanto, a las dudas sobre las capturas se suman las interrogantes sobre el esquema de seguridad que protegía a Solórzano Foppa desde hacía más de 15 años.



