Señalan que se debe fortalecer la administración interna, profesionalizar el manejo de los bienes y adaptar la institución a las nuevas obligaciones legales.
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La elección de las próximas autoridades de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) cobra relevancia por el papel de la institución en la administración de dinero, inmuebles, vehículos y otros activos vinculados con actividades ilícitas.
Durante julio, el proceso para nombrar al secretario general y al secretario general adjunto entrará en su etapa decisiva, con entrevistas, análisis de informes y la integración de la nómina que será remitida a la Vicepresidencia de la República.
La Senabed es el órgano ejecutivo del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed) y tiene bajo su responsabilidad los activos sometidos a medidas cautelares o que ya cuentan con una sentencia firme de extinción de dominio.
Su función no consiste en investigar delitos ni determinar la pérdida de los bienes, tareas que corresponden al Ministerio Público (MP) y a los órganos jurisdiccionales, sino en recibirlos, registrarlos, conservarlos y administrarlos mientras se resuelve su situación jurídica.
Según la Ley de Extinción de Dominio, la importancia de la Secretaría radica en que permite afectar la capacidad económica de estructuras relacionadas con el narcotráfico, el lavado de dinero, la corrupción y el crimen organizado.
Además, en el diseño de la legislación, los bienes no deben permanecer improductivos, deteriorarse o convertirse en una carga financiera para el Estado.
Por lo tanto, la normativa permite administrarlos, arrendarlos, mantener empresas en funcionamiento y, cuando existe una resolución definitiva, venderlos, subastarlos, donarlos o asignarlos a instituciones públicas.
La entidad fue creada mediante el Decreto 55-2010, Ley de Extinción de Dominio, aprobado por el Legislativo el 7 de diciembre de 2010, legislación que entró en vigor el 29 de junio de 2011, mientras que la Senabed inició formalmente sus funciones el 16 de agosto de ese mismo año.
Fortalecer la administración interna
Mariano Rayo, exdiputado y ponente de la iniciativa que dio origen a la ley, considera que la extinción de dominio tuvo inicialmente resultados importantes como mecanismo disuasivo, especialmente frente a delitos económicos y de cuello blanco.
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Sin embargo, afirmó que con el paso de los años perdió relevancia dentro del MP y el Organismo Judicial, y situó uno de los períodos más críticos entre 2018 y 2020.
Rayo señaló que durante esos años se habrían perdido expedientes e inventarios y que algunos bienes extinguidos habrían terminado en manos que no correspondían.
A su criterio, las autoridades deberían esclarecer administrativamente lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades por el manejo de activos durante ese período.
El exdiputado también sostuvo que la elección de las nuevas autoridades adquiere mayor importancia ante las exigencias que, según explicó, generará la nueva legislación contra el lavado de dinero.
En su análisis, el Conabed y la Senabed deben funcionar como instrumentos complementarios para que las medidas contra las estructuras financieras ilícitas sean efectivas.
Asimismo, Rayo no considera oportuno reformar en este momento la Ley de Extinción de Dominio, debido al riesgo de que una modificación legislativa termine debilitando el sistema.
A su juicio, la prioridad debe ser fortalecer la administración interna, profesionalizar el manejo de los bienes y adaptar la institución a las nuevas obligaciones legales. También enfatizó que la gestión debe tener un carácter técnico y orientarse a monetizar los activos, para evitar que su conservación represente un gasto prolongado para el Estado.
Lo que ha administrado
Los datos oficiales de la Senabed muestran la magnitud de esa responsabilidad. Entre 2011 y 2026, el registro consigna 3 mil 789 bienes en diferentes categorías, como 1,285 menajes de casa, 851 vehículos terrestres, 458 inmuebles, 430 unidades de mobiliario y equipo, 246 cuadros y esculturas, 188 semovientes, 135 muebles, 86 vehículos acuáticos, 76 vehículos aéreos y 34 armas de fuego.
En materia de dinero y durante el mismo período, la institución reportó la recepción de Q 265.4 millones y US$ 54.4 millones (Q 416.7 millones) en recursos extinguidos, a ello se suman Q 1 mil 472.2 millones y US$ 156.6 millones (Q 1,199.5 millones) en recursos incautados.
En conjunto, las cifras alcanzan aproximadamente Q1 mil 737.7 millones y US$ 211.1 millones (Q 1,617 millones), aunque los fondos incautados todavía pueden estar sujetos a resolución judicial y no necesariamente han pasado de manera definitiva a favor del Estado.
Los registros evidencian que la conducción de la Senabed implica decisiones sobre activos de alto valor económico, pero también sobre bienes que pueden deteriorarse rápidamente, generar costos de mantenimiento o perder valor comercial.
Una administración deficiente puede provocar pérdidas para el Estado, mientras que una gestión técnica y transparente puede convertir recursos vinculados con actividades ilícitas en fondos destinados a instituciones públicas, principalmente del sector de seguridad y justicia.
¿Quiénes son los aspirantes?
Cuatro personas participan en el proceso para ocupar la Secretaría General y la Secretaría General Adjunta.
Los aspirantes son la actual secretaria general, Gloria Verna Guillermo Lemus, quien busca continuar al frente de la institución; Jorge Anthony Villatoro Esteban, Rita María Elizondo Hernández y Martín Johnatan Sosa Recinos.
De acuerdo con el cronograma de la Comisión Revisora, durante julio se realizarán las entrevistas, se solicitarán informes a distintas dependencias cuando se considere necesario y se analizará la documentación obtenida.
Posteriormente, la nómina final será entregada a la Vicepresidencia para efectuar los nombramientos. La designación está prevista para la primera semana de agosto y la toma de posesión para la segunda semana de ese mes.
La elección definirá quiénes tendrán a su cargo una institución que, aunque mantiene un perfil público limitado, administra bienes y recursos millonarios y ocupa una posición estratégica dentro de la política estatal contra las economías criminales.
Ante este contexto, la capacidad técnica, la independencia y los mecanismos de rendición de cuentas de sus próximas autoridades serán determinantes para proteger los activos y garantizar que su utilización responda al interés público.
