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Giammattei acude a la CC para regularizar Convenio 169 de la OIT

  • Por Jessica Gramajo
16 de enero de 2020, 10:01
El presidente Alejandro Giammattei presentó la Política General de Gobierno 2020 - 2024. (Foto: Gobierno)

El presidente Alejandro Giammattei presentó la Política General de Gobierno 2020 - 2024. (Foto: Gobierno)

El presidente Alejandro Giammattei anunció que solicitará apoyo a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que viertan una opinión para regular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.

Durante la presentación de la Política General de Gobierno 2020-2024, Giammattei le anunció al presidente de la CC, Bonerge Mejía, que enviará un solicitud de Opinión Consultiva para que los ayuden a resolver las dudas que existen acerca del Convenio.

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De acuerdo con Giammattei, desde hace 20 años, el Congreso ha tenido a su cargo el impulso de un Reglamento que ayude a poner el práctica el Convenio, pero no lo ha hecho, por lo que solicitará a la CC que ayude a resolver las dudas que existen.

Guatemala se hizo parte del Convenio 169 de la OIT en marzo de 1996. Como parte del Proceso el Congreso debe de crear un reglamento para poner en marcha las especificaciones del mismo, pero hasta el momento no se ha hecho, lo que ha generado dificultades.

El Convenio 169 de la OIT se elaboró en base a un consenso mundial y se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo.

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Conflicto con minería

El Convenio 169 ha sido un dolor de cabeza para grandes inversionistas en minería en Guatemala, pues ha sido el argumento legal con el que las Cortes han suspendido operaciones de empresas.

Lejos de una votación de "Sí o No", la consulta es una herramienta de diálogo que concluirá con una serie de acuerdos entre el sector privado y los pueblos indígenas. Además, para que el proceso sea transparente, las conclusiones deben consignarse en un documento de dominio público.

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