A un mes de la toma de posesión del nuevo Fiscal, analistas consideran que hay varios retos para enfrentar.
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Tras ocho años en el cargo y a menos de un mes del revelo en el Ministerio Público (MP), la exclusión de la actual fiscal general, Consuelo Porras Argueta, de la nómina de candidatos para el período 2026-2030, era previsible, según analistas consultados.
Expertos que acompañaron el proceso de postulación creen que en los nombres de los seis candidatos que será presentada al presidente de la República, Bernardo Arévalo, se incluyó una variedad de perfiles que cuentan con experiencia en el Ministerio Público (MP) y otras instituciones del sector justicia.
Con esto, también afirman que el mayor reto del nuevo fiscal va encaminado a rescatar la institución, a recobrar la credibilidad ciudadana en el MP, fortalecer la independencia institucional y que la persecución penal sea objetiva y no dirigida ni política.
Por el momento, la nómina ya está en manos de Arévalo y según las autoridades de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, el mandatario "procederá a evaluar los expedientes con la seriedad y responsabilidad que el cargo exige, a efecto de ejercer el mandato constitucional que le confiere el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala".
El reto
A este respecto, Carmen Aída Ibarra, la directora Ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, consideró que la exclusión de la actual fiscal, era algo que debía suceder, pues "ella ya era un cohete quemado" que ha ya había caído en un franco deterioro, pues era una figura ya desechable que "sirvió lo que tenía que servir".
"Los sectores de poder que la mantenían en su puesto ya no quisieron jugarse el todo por el todo por ella, porque se había convertido en una figura que deteriora más que fortalece, una figura muy antidemocrática que no es lo que se necesita en estos tiempos y que representaba un riesgo para la gobernabilidad del país", apuntó.
Ante eso, afirmó que el mayor reto para el nuevo jefe del MP va encaminado a rescatar la institución del deterioro, sobre todo por que "se rompió la especialización, se desmanteló fiscalías completas, se arrasó con casos que había costado construir, se falló en el combate a la corrupción e inmunidad y se enfatizó en presentar como casos resueltos salidas procesales como el archivo y la desestimación que no son más que mecanismos de impunidad", explicó.
Por su parte, Alejandro Solórzano, del equipo de monitoreo de Alianzas por la Reforma, afirmó que la exclusión de Porras, es un hecho significativo que refleja el desgaste de su gestión como la percepción de diferentes sectores sobre su desempeño.
Dijo que, el mayor reto pare el nuevo Fiscal General está en recobrar la credibilidad ciudadana en el MP, así como fortalecer la independencia institucional y que la persecución penal se realice sin sesgos ni presiones externas de ningún tipo.
Para Mónica Marroquín, de Guatemala Visible, lo importante esta en elegir a una persona que no llegue con temas ideológicos, sino que objetivos de trabajar y hacer funcionar el MP en coordinación con las demás instituciones del sector justicia.
Agregó que el mayor reto esta en conformar un buen equipo de trabajo de confianza dentro de la institución y en tener gente capacitada que pueda sumar y asesorar de buena manera para que pueda responder ante la petición de la ciudadanía y que efectué una persecución penal objetiva y no dirigida ni política.
La nómina
En cuanto a la escogencia que hará el Presidente de la República, los analistas consultados, aunque cree que existe una variedad en las propuestas presentadas, también consideran que ésta al final fue el producto de una negociación, que no fue escogida libremente, sino que algunos comisionados tuvieron que votar por ciertos perfiles por los que no hubiesen decidido en otras circunstancias.
Ante ello, Ibarra afirmó que en la nómina seleccionada lo que se ve es la actitud asumida por algunos comisionados que votaron por perfiles menos cuestionados para que al final "pudieron ingresar".
Mientras que Solórzano y Marroquín, coinciden en que los candidatos escogidos reúnen ciertas características que permitió una variedad de conocimiento y trayectoria en seguridad y materia penal
Solórzano por su parte, aunque afirmó que en la nómina es variada y que cuenta con perfiles con experiencia con carrera en el MP y otras instituciones del sector justicia, cree que no, necesariamente, todos los candidatos elegidos cumplen con los estándares más altos de capacidad, idoneidad y honorabilidad que exige artículo 113 constitucional.
Marroquín afirmó que con la nómina que fue escogida lo que se representa es ese oxigenamiento y renovación que el MP necesita y que permite la alternancia en el poder para que pueda llegar una nueva administración
Figuras
Con relación a los nombres que fueron incluidos en la nómina de candidatos, Ibarra y Marroquín señalaron que en entre los seis candidatos presentados, al menos dos no han sido tildados, siendo éstos Gabriel Estuardo García Luna y Zoila Tatania Morales Valdizón.
Sin embargo, más allá que los nombres, Marroquín consideró que lo más importante en la elección de la nómina fue el que los comisionados, al final, hayan alcanzado los consensos necesarios para efectuar la selección, pese a la polémica que se generó alrededor de algunos aspirantes.
Con esto recordó lo sucedido hace cuatro años, en donde justamente en la elección del sexto candidato la votación se entrampó y fue con una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) la que ordenó que la escogencia de la nómina final se concluyera.
Sin embargo, pese a que Ibarra comparte lo expresado por Marroquín, insiste en que los nombres que figuran en la nómina tienen, al menos cuatro candidatos que han sido muy "cuestionados", como es el caso de César Augusto Ávila Aparicio por su actuación como juez pesquisidor en un caso en el que involucraba al actual diputado Ewvin Javier Javier, cuando éste fungió como alcalde de Ipala, Chiquimula.
Agregó que caso es el del exviceministro de Gobernación, Julio César Rivera Clavería quien ha sido ligado a segmentos militares sobre todo a inteligencia militar y políticos antidemocráticos, además señaló que en el 2023 fue candidato a la presidencia de la República por un sector de políticos pro vida.
Además, según la directora del Movimiento Pro Justicia son los de Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos que tiene un vinculo político, religioso y jurídico nada recomendables, además de pertenecer al grupo muy cercano del expresidente Jimmy Morales, en donde su esposo fungió como secretario de Comunicación Social.
Y, por último, dijo que Néctor Guilebaldo de León Ramírez, aunque no se le cuestionó su participación en el proceso, en algún momento se le ha señalado por tener relación con grupos oscuros.
