Según expertos, la nómina de seis candidatos a fiscal general presentada al presidente de la República no está "escrita en piedra".
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La nómina aprobada por la Comisión de Postulación para elegir al próximo Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP), podría ser modificada si los órganos jurisdiccionales, incluida la Corte de Constitucionalidad (CC), resuelven acciones legales pendientes, coinciden analistas.
Pese a que el pasado lunes 20 de abril se oficializó la nómina de seis candidatos por parte de la Comisión de Postulación para Fiscal —de la cual el presidente de la República nombrará al fiscal general y jefe del MP—, algunos analistas consideran que esta aún no está "escrita en piedra", ya que se esperan recursos legales que podrían no solo cambiar dicha decisión, sino, en el peor de los casos, obligar a repetir el proceso de postulación en algunas de sus fases.
En ese sentido, afirman que, en primera instancia, deben agotarse las impugnaciones de carácter administrativo que podrían presentarse ante la postuladora, las cuales deberán interponerse en un plazo de cinco días que comienza a correr a partir de la publicación de la nómina en el diario oficial.
Agotado este procedimiento, aseguran que, por la sanidad del proceso, también deben dilucidarse las acciones legales que aún están en conocimiento de algunos órganos jurisdiccionales, constituidos en tribunales de amparo, incluidas aquellas que conoce la CC.
Acciones planteadas
En ese contexto, para este jueves 23 de abril, la presidencia de la CC, dirigida por la magistrada Gladys Anabella Morfín Mansilla, convocó al pleno de magistrados para conocer y resolver la acción presentada por el abogado Raúl Falla, quien reclama la exclusión de quienes no cumplen con los requisitos legales y constitucionales para optar al cargo de fiscal general, dejando entrever la participación de jueces en el proceso.
A esta acción se suma la expectativa sobre el rumbo que tomará el amparo presentado por el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), admitido para su trámite, el cual, aunque buscaba la suspensión del proceso de evaluación de expedientes, también solicitaba retrotraer el proceso para recalificar a quienes se les haya computado el ejercicio como juzgadores.
Además, continúan en trámite al menos tres acciones de amparo, también admitidas, presentadas por aspirantes que alegaron una mala calificación de sus expedientes, especialmente en lo relacionado con la experiencia profesional. Estos casos corresponden a los postulantes Gladys Verónica Ponce Mejicanos, Carlos Humberto Rivera Carrillo y Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación .
Varios escenarios
En este escenario, Mónica Marroquín, de Guatemala Visible, asegura que, si la CC resuelve los amparos pendientes de forma favorable a los amparistas, sí podrían generarse efectos sobre la nómina, aunque advierte que estos no necesariamente serían iguales en todos los casos.
No obstante, señala que, en estas circunstancias, ningún escenario puede descartarse. En el mejor de los casos, la Corte podría emitir criterios correctivos sin rehacer todo el proceso, o bien ordenar una mejor motivación de las decisiones que lleve a revisar la situación de uno o varios aspirantes, o aclarar el criterio aplicable sobre la experiencia profesional y la elegibilidad, según explicó.
Agregó que también existe la posibilidad de una decisión de carácter intermedio, que implicaría una retroacción parcial, es decir, volver a una fase específica de recalificación, redefinición de elegibles o nueva votación de la nómina.
Marroquín, con base en la experiencia de procesos anteriores, como el ocurrido en 2010, tampoco descarta un escenario más complejo, como una retroacción amplia que afecte toda la fase final, por lo que considera que la nómina no está jurídicamente cerrada.
Exclusión aún no está firme
Aunque comparte la opinión de Marroquín, Alejandro Solórzano, del equipo de monitoreo de Alianzas por las Reformas, considera que la exclusión de la actual fiscal general, Consuelo Porras, aún no está firme, pues no se ha agotado la vía de impugnaciones que establece la Ley de Comisiones de Postulación.
Aclara que también existe el riesgo —que algunas voces han señalado anteriormente— relacionado con resoluciones que podrían emitirse en el marco de las acciones legales presentadas y que podrían modificar el escenario actual.
Afirma que lo más prudente es esperar a que la CC resuelva las acciones de amparo bajo su conocimiento, ya que es probable que la nómina presentada al presidente pueda sufrir variaciones.
Nómina podría ser modificada
Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, considera que la nómina "no está escrita en piedra", especialmente porque, tras la publicación oficial de los seis candidatos, corresponderá a la Comisión, una vez agotado el plazo de 72 horas para la presentación de impugnaciones, resolver lo que corresponda y definir si la nómina queda firme o no.
Recordó que este no es el único escenario posible, pues existen varios amparos presentados, por lo que, de emitirse algún amparo provisional por parte de los órganos jurisdiccionales que los conocen, la nómina tendría que ser modificada.
Indicó que tiene conocimiento de que el presidente de la República esperará a que la nómina esté firme, al menos en cuanto a las impugnaciones, para tomar la decisión sobre quién será el nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para los próximos cuatro años.
