Instituciones consideran que el acuerdo emitido por el MEM vulnera principios constitucionales.
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Organizaciones empresariales interpusieron acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el Acuerdo 145-2026, emitido por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), relacionado con la consulta al Pueblo Maya Ixil de San Juan Cotzal, Quiché, por el Proyecto Hidroeléctrico Palo Viejo.
Los ponentes de las acciones son el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).
Según ambas instituciones, el acuerdo establece las pautas para la realización de la consulta, pero consideran que el MEM excedió el marco de sus competencias al emitir dicha normativa.
En un comunicado conjunto, CACIF y la CIG sostienen que la cartera de Energía y Minas desconoció actuaciones administrativas e institucionales.
CACIF y la Cámara de Industria de Guatemala informan que han interpuesto acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad contra el Acuerdo 145-2026 emitido por el Ministerio de Energía y Minas. #ComunicadoCACIF
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Asimismo, omitió acuerdos previamente desarrollados y el propio Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
De acuerdo con las entidades, esa actuación vulnera principios fundamentales del orden constitucional, entre ellos la legalidad, la jerarquía normativa y la seguridad jurídica, por lo que solicitaron a la Corte de Constitucionalidad conocer las acciones planteadas.
Las organizaciones explicaron que la inconstitucionalidad promovida busca que el Acuerdo 145-2026 quede sin vigencia, con base en el artículo 140 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
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Su objetivo es "restablecer el orden constitucional y evitar futuras afectaciones a proyectos de inversión y desarrollo que, aseguran, benefician al país".
En el pronunciamiento también indicaron que mantienen su respeto por los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Guatemala y por los derechos que de ellos se derivan.
Sin embargo, señalaron que dichos compromisos deben cumplirse en armonía con la Constitución Política de la República y el marco jurídico vigente.
