El Gobierno evita confirmar o negar si funcionarios de Estados Unidos le han pedido al presidente que acuda al congreso para conseguir autorización para llevar a cabo maniobras bélicas conjuntas.
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El Organismo Ejecutivo descartó, por ahora, solicitar al Congreso de la República una autorización para que el Ejército de Estados Unidos pueda realizar maniobras militares conjuntas en territorio nacional, como parte de las acciones de combate al crimen organizado y el narcotráfico.
La postura oficial surge en el contexto de las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien el pasado 14 de junio confirmó que su país mantendrá presencia militar en Venezuela y otras naciones de América Latina, entre ellas Guatemala.
El funcionario estadounidense afirmó que esto se daba dentro de una estrategia regional orientada a combatir organizaciones criminales transnacionales y que la iniciativa forma parte de la denominada Coalición Americana contra el Cártel.
Dicha alianza, según indicó Hegseth, se encuentra en proceso de conformación con gobiernos de Centro y Sudamérica para perseguir estructuras vinculadas al narcotráfico y otros grupos considerados organizaciones terroristas por Washington.
Las declaraciones del jefe del Pentágono reavivaron las interrogantes sobre el alcance de la cooperación entre Guatemala y Estados Unidos en materia de seguridad, así como la posibilidad de que fuerzas militares estadounidenses puedan desarrollar operaciones en el país.
Ante esta situación, Soy502 consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) si el presidente Bernardo Arévalo ha considerado pedir al Congreso autorización para que elementos del Ejército de Estados Unidos ingresen a Guatemala y lleven a cabo maniobras bélicas conjuntas contra estructuras criminales y de narcotráfico.
La respuesta de la Secretaría fue tajante: "no se ha hecho esta consideración".
Asimismo, se consultó directamente si el mandatario considera viable o necesario presentar una petición de esta naturaleza ante el Organismo Legislativo y la respuesta oficial fue categórica: "En estos momentos, no".
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La Constitución Política de la República establece requisitos específicos para cualquier acuerdo que implique la presencia de fuerzas armadas extranjeras en el territorio nacional.
El artículo 172 dispone que corresponde al Congreso aprobar los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional que se refieran al paso de ejércitos extranjeros por el territorio guatemalteco o al establecimiento temporal de bases militares extranjeras.
La Carta Magna también establece que dicha aprobación debe contar con el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso de la República.
El mismo procedimiento aplica para acuerdos que afecten o puedan afectar la seguridad del Estado o que pongan fin a un estado de guerra.
Sin embargo, al preguntársele al Gobierno si en algún momento alguna autoridad estadounidense ha planteado al presidente Arévalo la posibilidad de desarrollar maniobras militares conjuntas en suelo guatemalteco para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, la respuesta oficial fue evasiva y no contestó directamente la interrogante.
En lugar de confirmar o descartar un eventual planteamiento de Washington, la SCSP respondió que "la cooperación con Estados Unidos se centra en capacitación, intercambio de inteligencia, tecnología y fortalecimiento de capacidades, manteniendo Guatemala el control soberano de todas las operaciones que se desarrollan en el país".
La Secretaría añadió que "cualquier operación, debe ser realizada bajo las normas y leyes vigentes en el país".
No hay oposición expresa
En el Congreso, varios diputados manifestaron apertura a respaldar mecanismos de cooperación con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, aunque coincidieron en que cualquier acuerdo debe ajustarse al marco constitucional y seguir los procedimientos legales correspondientes.
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El diputado Juan Carlos Rivera indicó que apoyaría un convenio de este tipo si requiere ratificación legislativa, mientras que el congresista Cristian Álvarez aseguró que toda ayuda para combatir el narcotráfico es bienvenida y que su bancada estaría dispuesta a respaldar iniciativas que necesiten aval parlamentario.
En la misma línea se pronunciaron los diputados Ronald Portillo, Byron Rodríguez, César Dávila y Julio López, quienes manifestaron disposición para analizar y apoyar acciones coordinadas contra el crimen organizado.
La diputada Sonia Gutiérrez consideró que el combate al narcotráfico debe ser una prioridad para el Estado, aunque enfatizó que cualquier decisión relacionada con cooperación internacional debe desarrollarse en el marco del derecho internacional y de las competencias que la Constitución asigna al Legislativo.
Mientras tanto Constitucionalistas y exintegrantes de la Asamblea Nacional Constituyente coincidieron en que cualquier operación militar conjunta con un ejército extranjero requiere autorización expresa del Congreso de la República.
El abogado constitucionalista y constituyente, Carlos Molina Mencos, señaló que la Constitución protege la soberanía nacional y establece límites claros para la presencia de fuerzas armadas extranjeras en el país.
"Lo que se trata de evitar es que un ejército extranjero pueda tener jurisdicción en Guatemala", afirmó.
Mientras que el abogado constitucionalista y exconstituyente, Fernando Linares-Beltranena, sostuvo que ninguna fuerza militar extranjera puede ingresar al territorio nacional sin autorización expresa del Congreso.
Añadió que incluso durante un receso parlamentario la Comisión Permanente tendría que convocar a una sesión extraordinaria para conocer una eventual solicitud de esta naturaleza.
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