Conocer si existe una orden de deportación vigente puede ser determinante para que las personas tomen acciones legales oportunas.
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Miles de inmigrantes que residen en Estados Unidos desconocen si tienen vigente una orden de deportación o de remoción, una situación que puede tener importantes consecuencias legales y migratorias.
Ante este panorama, el analista migratorio Fernando Castro Molina elaboró una guía informativa para explicar cómo verificar el estatus de un caso y qué acciones tomar si se confirma la existencia de una orden emitida por un juez de inmigración.
Según el documento, una orden de deportación es una resolución emitida por un juez de inmigración que autoriza al Gobierno estadounidense a detener y expulsar del país a una persona.
Estas resoluciones pueden dictarse como parte de un proceso administrativo, mediante una orden en ausencia, cuando el inmigrante no comparece a una audiencia o a través de una orden final de remoción.
Existen varias vías para comprobar si una persona tiene una orden vigente.
La primera consiste en utilizar el sistema telefónico automatizado de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).
Para ello, el interesado debe contar con su Número de Registro de Extranjero (A-Number), seleccionar el idioma español e ingresar los nueve dígitos del registro.
El sistema informará si existe una decisión judicial y, en caso de haber una orden de deportación, indicará la fecha en que fue emitida.
Otra alternativa es revisar el estatus del caso en línea cuando el trámite haya sido presentado ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Aunque esta consulta no siempre refleja una orden de deportación, sí permite conocer si el expediente fue remitido a una corte de inmigración mediante una Notificación de Comparecencia (Notice to Appear o NTA).
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Castro Molina también recomienda verificar si el inmigrante recibió una NTA, ya que este documento inicia formalmente un proceso ante la corte migratoria.
Si la persona no acudió a la audiencia, es probable que el juez haya emitido una orden de deportación en ausencia.
Entre las causas más frecuentes figuran el cambio de domicilio sin notificar a las autoridades, la falta de comprensión de la fecha de audiencia o no haber recibido la notificación correspondiente.
Para quienes sospechen que pudieron recibir una orden hace varios años y no obtengan resultados mediante el sistema telefónico, la guía aconseja presentar una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA).
Este procedimiento permite obtener una copia completa del expediente migratorio ante agencias federales como la EOIR, USCIS o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aunque el trámite puede tardar varios meses.
¿Qué hacer si existe una orden de deportación?
El analista advierte que confirmar una orden final de deportación no implica necesariamente una expulsión inmediata de Estados Unidos.
Sin embargo, señala que ICE puede ejecutar la orden en cualquier momento y que esta puede afectar futuras solicitudes migratorias, además de generar prohibiciones de reingreso por cinco, diez o hasta veinte años, dependiendo del caso.
Frente a ese escenario, recomienda buscar asesoría legal especializada, ya que existen recursos que podrían estar disponibles para algunos inmigrantes.
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Entre ellos menciona la presentación de una moción para reabrir el caso, cuando la persona no fue debidamente notificada de la audiencia o sus circunstancias cambiaron sustancialmente, así como la solicitud de una suspensión temporal de la deportación (Stay of Removal).
Asimismo, aconseja revisar periódicamente el estado del expediente migratorio, especialmente si el inmigrante cambió de domicilio sin informarlo, no asistió a una audiencia, perdió un caso de asilo, fue detenido anteriormente o salió de Estados Unidos tras haber enfrentado un proceso ante una corte de inmigración.
Como conclusión, Castro Molina recomienda que los inmigrantes consulten directamente su situación ante las autoridades migratorias y mantengan actualizado el seguimiento de su expediente, al considerar que el desconocimiento o el temor pueden agravar su situación jurídica.
También enfatiza que la orientación de un abogado especializado puede ser determinante para identificar opciones legales que permitan permanecer en Estados Unidos.
