Expertos alertan sobre los riesgos en el uso de drones, precursores químicos, redes de influencers y la opacidad en el rastreo de fondos ilícitos.
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El ecosistema del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo atraviesa una metamorfosis acelerada que desborda los mecanismos de fiscalización tradicionales.
Especialistas de la región e internacionales advirtieron que la convergencia entre nuevas tecnologías y figuras públicas emergentes, como los creadores de contenido digital, plantea un desafío crítico para las instituciones financieras de América Latina.
Durante el podcast Economía Hoy, de Soy502, llevado durante el Encuentro Regional contra el Lavado de Dinero y otros Activos (Cladit 2026), celebrado recientemente en la Ciudad de Guatemala, los expertos invitados evidenciaron la urgencia de actualizar los análisis de riesgo bajo un enfoque netamente geopolítico.
El radar sobre los influencers
El auge de la economía digital ha colocado a los creadores de contenido e influencers en la mira de las unidades de cumplimiento debido a su capacidad para movilizar y justificar grandes flujos transaccionales en plazos mínimos.
Juan Carlos Medrano, especialista en prevención de lavado de activos de J&A Global Compliance, enfatizó la necesidad de segmentar a estos clientes desde su vinculación institucional.
"Tú no puedes monitorear a una persona, a un médico o a un maestro juntamente con alguien que está en redes sociales, que es influencer o que es tiktoquero, no lo puedes monitorear de la misma forma. Tienes que crear un grupo para monitorearlo", argumentó Medrano.
"Las instituciones muchas veces no están preparadas para monitorear el tema de tarjeta de débito y crédito desde el punto de vista de lavado de dinero. Solo lo hacen desde el punto de vista de fraude", precisó el experto durante el conversatorio organizado por Soy502.
Por su parte, Pablo Pérez, fundador de RiskFlow Compliance Solutions de España, coincidió en la complejidad que reviste este fenómeno en el continente europeo, detallando los mecanismos de simulación de origen.
Según explicó Pérez, se observa un creciente "intento de legitimación de procedencia de activos ilícitos" a través de figuras que simulan que sus fondos provienen de "promociones publicitarias o de sorteos que ellos han hecho".
Vigilancia a los PEP y beneficiarios
La supervisión de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) y la identificación de los beneficiarios finales de las estructuras corporativas marcan una profunda brecha metodológica entre las jurisdicciones de Estados Unidos y la Unión Europea.
Mientras la nación norteamericana mantiene ciertas flexibilizaciones en la exigencia del beneficiario final, Europa avanza en la implementación de registros unificados de titularidad real para mitigar la evasión de sanciones internacionales por medio de testaferros, coincidieron los especialistas.
El reto principal, no obstante, radica en el rastreo de los entornos familiares de los funcionarios públicos, quienes suelen ser utilizados como canales alternos para desviar fondos bajo sospecha, según Pérez.
