La propuesta de Ley de Aguas en Guatemala continúa en proceso mientras permanece el diálogo con distintos sectores para construir la iniciativa forma integral con certeza jurídica.
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Estudios recientes indican que la contaminación de las fuentes hídricas ya representa un problema de salud pública y de gestión ambiental.
Además de que Guatemala es un país que aún carece de una ley que regule de forma integral su uso y protección.
La Encuesta Nacional de Desarrollo y Salud (ENDESA 2025) reveló que el 52% de la población consume agua contaminada con la bacteria E. coli, es decir con materia fecal, mientras que una investigación de la Alianza Cuenca del Motagua identificó que gran parte de la contaminación del río Chinautla proviene del área metropolitana.
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Décadas de intentos por una Ley de Aguas
La discusión sobre una legislación del agua surge a raíz de la contaminación de ríos, la sobreexplotación de fuentes hídricas, el crecimiento urbano sin planificación y la falta de una normativa que regule de manera integral el uso, protección y administración del recurso.
Bajo este contexto, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) afina una propuesta que actualmente se encuentra en un proceso de socialización con distintos sectores antes de ser presentada al Congreso de la República.
Aunque la iniciativa aún no ha sido presentada oficialmente al Legislativo, especialistas, diputados y representantes del sector productivo coinciden en que Guatemala necesita una Ley de Aguas. Sin embargo, la diferencia está en cómo debe construirse para responder a las necesidades ambientales, sociales y económicas del país.
Una deuda histórica con el manejo del agua
Para la química bióloga Luisa Barrientos, el principal problema es que Guatemala cuenta con normas dispersas sobre agua potable y aguas residuales, pero carece de una ley que ordene toda la gestión del recurso hídrico, es decir un marco legal.
Explica que esa ausencia impide establecer responsabilidades claras cuando existe contaminación o un uso inadecuado del agua. Además, señala que no existen reglas integrales que regulen aspectos como la perforación de pozos, la extracción de agua subterránea o la protección de ríos y lagos.
Según Barrientos el país sí posee la capacidad técnica para desarrollar su propia normativa; incluso hace referencia a la propuesta de ley impulsada por el Ministerio de Ambiente y menciona que el verdadero reto está en construir los consensos necesarios para que finalmente llegue al Congreso.
Asimismo, enfatizó la importancia de que Guatemala cuente con sus propios parámetros de evaluación, pues hasta el momento en los estudios realizados en la Cuenca del Río Motagua fue necesario someter los resultados a criterios internacionales.
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Ordenar responsabilidades
La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, confirmó que la iniciativa está en su fase final de construcción y que el objetivo es presentarla este año al Congreso.
Según explicó, la ley permitirá atender un mandato constitucional pendiente desde hace más de cuatro décadas y establecer un modelo nacional para la gestión del agua, un vacío que ha dificultado enfrentar problemas como el saneamiento y el tratamiento de aguas residuales.
Orantes indicó que la propuesta también redistribuirá responsabilidades que actualmente recaen casi por completo en las municipalidades y plantea una gestión compartida entre Estado, gobiernos locales, ciudadanía y sectores productivos.
El reto de votos en el Congreso
La diputada Victoria Godoy Palala, integrante de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso, considera que el país mantiene una deuda histórica con la protección del recurso hídrico.
Godoy Palala sostiene que la propuesta impulsada por el Ministerio de Ambiente busca garantizar el acceso al agua como un derecho humano, fortalecer la protección de los mantos acuíferos, mejorar el tratamiento de aguas residuales, conservar las cuencas y regular el uso industrial bajo criterios de sostenibilidad.
También aclara que la intención no es limitar la actividad económica, sino asegurar que todos los sectores puedan acceder al recurso bajo reglas claras y responsables.
Por su parte, la diputada Mercedes Monzón, integrante de la Comisión, menciona que un año preelectoral puede complicar la aprobación de una legislación de este tipo. Sin embargo, agrega que existe voluntad dentro de la Comisión de Ambiente para impulsar el proyecto una vez sea presentado oficialmente.
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Monzón indicó que durante los últimos meses la comisión ha sostenido reuniones con el Ministerio de Ambiente para conocer los avances del articulado y que la intención es emitir el dictamen con la mayor agilidad posible.
No obstante, ambas diputadas advierten que la verdadera prueba llegará en el pleno del Congreso, donde será necesario construir acuerdos entre distintas bancadas y sectores para reunir los votos que permitan aprobar una normativa que reconocen será compleja y generará debate.
El papel del sector empresarial en la discusión
La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) considera que el país necesita una normativa que permita gestionar el recurso hídrico de manera integral y sostenible. No obstante, sostiene que la legislación debe surgir de un proceso técnico, participativo y con la inclusión de todos los sectores involucrados.
El presidente de la Junta Directiva de la CIG, Enrique Font, señala que la futura ley debe ofrecer certeza jurídica, reconocer los derechos adquiridos, establecer reglas claras para la administración del agua y contemplar una implementación gradual que permita la adaptación de las instituciones y de los distintos usuarios del recurso.
Asimismo, considera indispensable fortalecer la institucionalidad mediante la creación de una autoridad del agua autónoma y descentralizada, acompañada de un ente científico que genere información confiable sobre el estado de las cuencas hidrográficas.
También plantea que cualquier mecanismo de cobros o contribuciones responda a criterios técnicos y que los recursos se destinen a la protección y gestión sostenible de las cuencas.
Para la CIG, una Ley de Aguas puede equilibrar la protección ambiental, el acceso al recurso para las comunidades y las necesidades de los sectores productivos, siempre que esté basada en evidencia científica, promueva la coordinación entre los distintos actores y garantice condiciones que favorezcan tanto la sostenibilidad como el desarrollo económico del país.
Por su parte, la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER) enfatiza que la Constitución Política del país establece la obligación de regular el uso y aprovechamiento del recurso hídrico y que el país necesita una legislación técnica que brinde certeza jurídica y fortalezca las inversiones vinculadas a las energías renovables.
Sin embargo, considera que la normativa debe reconocer los derechos adquiridos, brindar certeza jurídica a las inversiones y diferenciar claramente el uso no consuntivo del agua que realiza la generación hidroeléctrica, pues sostiene que el recurso se devuelve al cauce del río después de producir energía.
También considera indispensable que la Ley de Aguas debe coordinarse con la Ley General de Electricidad y de forma paralela la reglamentación del Convenio 169 de la OIT.
Agrega que la falta de procedimientos claros para las consultas a pueblos indígenas continúa generando incertidumbre para nuevos proyectos de inversión y ambos marcos legales deben complementarse para ofrecer seguridad jurídica.
AGER sostiene que una legislación integral puede contribuir a proteger las cuencas, garantizar el acceso al agua para la población y mantener el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, siempre que se definan con claridad los usos prioritarios del recurso y se fortalezca una gestión eficiente y sostenible.
Tanto la CIG como AGER señalaron que han participado en mesas técnicas y espacios de diálogo con el Ministerio de Ambiente, el Congreso y otros sectores para aportar criterios técnicos durante la construcción de una futura Ley de Aguas, con el objetivo de contribuir a una normativa que equilibre la protección del recurso y el desarrollo del país.
