En las cárceles, los reos líderes explotan a los reos sin recursos. Se valen de la sobrepoblación interna que el Sistema Penitenciario no puede proteger con su precario presupuesto. En esa dinámica, la lucha por acaparar el poder interno es mortal, el poderoso también es efímero, y el pez grande de hoy resulta ser el pequeño de mañana.
“¡Todos los internos entren al salón de usos múltiples! ¡Es una emergencia!”. La orden salió de los altoparlantes, repetitiva como un taladro, en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla. Era mediodía del 28 de abril de 2018. Los primeros balazos ya se escuchaban en varios sectores de la cárcel.
Por instinto, los internos sabían que era un motín. Luego sabrían que ocho reclusos murieron y otros 25 resultaron heridos. No era la peor masacre en Canadá. Tres años antes, en otra revuelta murieron 16 reos; un hecho ya olvidado. Una pugna resuelta. Pero la matanza de ese día todavía era una cuenta pendiente: eliminar al “encargado” de la cárcel, Arnoldo Ramírez, alias “El Diablo”. Ramírez purgaba una condena de 30 años de prisión por secuestro. Llegó a Canadá en 2015 y desde entonces tenía el mando.
El encargado de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), Juvell de León, quien renunció poco después de la matanza, atribuyó los hechos a un grupo de internos que intentó tomar el poder. Un año más tarde, tres reos revelan que el intento tenía nombre: Alejandro Jiménez González, alias “El Palidejo”, un narcotraficante costarricense sentenciado a 50 años de prisión por la muerte del cantautor argentino Facundo Cabral en 2011. Dicen que Jiménez entregó armas de fuego a Armin Peralta Betancourt, alias “El Max”, para anular a El Diablo. El Max fue acribillado en el intento; también murieron sus siete guardaespaldas. El caso aún está en reserva y bajo investigación en la Fiscalía de Delitos contra la Vida, según la portavoz del Ministerio Público (MP), Julia Barrera.
Mientras tanto, El Palidejo todavía pretende controlar Canadá, supuestamente, con la ayuda de Howard Wilfredo Barillas Morales, alias “Matazetas”. Lo afirma un guardia del Sistema Penitenciario (SP) asignado a Pavoncito, una cárcel en Fraijanes, Guatemala. “Ellos tienen dinero”, dice el guardia, sin despegar la vista del suelo. Agrega que tienen aliados en otras prisiones. Habla bajo condición de anonimato. El Matazetas era un secuestrador sentenciado por tenencia de armamento de grueso calibre que, según las autoridades, presuntamente iba a usar para atacar a los Zetas. En marzo pasado, Prensa Libre reveló que, según varios internos, el Matazetas controla Pavoncito desde 2018 y unos 60 reos cumplen sus órdenes. El aludido no ha hablado públicamente del asunto.
Las autoridades sospechan que El Palidejo y El Matazetas son responsables del asesinato de otros siete reos en Pavoncito el 30 de septiembre pasado. Seis días después del hecho, los trasladaron a la cárcel en el Cuartel Militar Matamoros. Los registros del SP indican que un juez de ejecución los devolvió a Pavoncito el 19 de octubre de 2018. En esa cárcel, cada uno tiene un ejército privado. Unos 20 reos armados protegen al costarricense, que recuerda a la protección que tuvo el capitán del ejército Byron Lima Oliva (asesinado en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón en julio de 2016). Otros 10 reos cuidan al Matazetas, aparte de quienes cumplen sus órdenes.
Los guardias del SP admiten que El Palidejo y El Matazetas no son tan poderosos como Lima en Pavoncito de 2009 a 2014, año cuando lo trasladaron a la Brigada Mariscal Zavala, luego a Matamoros y a Pavón, donde lo asesinaron en 2016 junto a otras 13 personas. En marzo pasado, hasta casi tres años después, el MP acusó a 17 sospechosos por ese caso, sólo para que en mayo pasado otra masacre en Pavón dejara siete muertos y 19 heridos -una reiteración de que el poder interno sigue en disputa-. Sin embargo, el actual director del SP, Camilo Gilberto Morales, niega que los reclusos controlan las cárceles. No concede que criminales han cooptado una entidad del Estado.
La cabeza más mediática
Hace casi 20 años, Lima era un reo de alto perfil como acusado de ser coautor en la ejecución extrajudicial del obispo Juan Gerardi Conedera, en abril de 1998. Después de ser condenado a 30 años de cárcel en 2001, su notoriedad no mermó. En 2003, esquivó la muerte a manos de pandilleros -que sí decapitaron al sargento Obdulio Villanueva (también sentenciado por el caso Gerardi) y a tres reos más en el Centro Preventivo de la zona 18-. Poco después, el delito que llevó a su condena se modificó a encubrimiento y redujo su sentencia a 20 años. Entonces, Lima fue conocido por otras razones.
Eddy Morales, director del SP en dos períodos entre 2008 y 2012, asegura que Lima explotaba laboralmente a los reos, aunque nunca logró obtener evidencias. Los obligaba a fabricar diversos productos, y les pagaba un 30% del costo del trabajo. Estos negocios funcionaban sin la autorización del SP, aunque Morales afirma que él fue uno de los funcionarios que más controló a Lima.
“A este señor se le aisló en Pavoncito”, recuerda el exfuncionario. “Tenía incidencia con los voceros (reos jefes de sector). Infiltramos gente para averiguar cómo quería influir en las autoridades penitenciarias”. No obstante, Lima no era tan sutil. Giulio Talamonti, director del SP en 2009, asegura que el capitán le envió mensajes para que autorizara los traslados de otros reos, por los cuales Lima supuestamente cobraba.
“Lima también llamaba a los reos y les decía que otros reclusos los iban extorsionar, pero que los tenía controlados y si no le daban cierta cantidad de dinero, los dejaría actuar como quisieran”, revela Talamonti. Reportes oficiales indican que en una requisa le hallaron a Lima siete agendas con listados de reos, y personas particulares afuera de la prisión, a quienes les cobraba cuotas por servicios.
El exdirector Morales admite que el sistema de amenazas de Lima, y otros reos poderosos, era tan efectivo que algunos reclusos extorsionaban a víctimas afuera de la cárcel para pagar las extorsiones de las que eran víctimas en prisión a manos de esos reos poderosos.
El exfuncionario afirma que esos reclusos respondían violentamente ante requisas o traslados. En 2009, mataron a un miembro de su seguridad. En 2010, colocaron un carro bomba frente a la sede del SP y cuatro cabezas en diferentes puntos del país; algunas tenían el nombre de Morales y del exministro de Gobernación, Carlos Menocal (2010-2012). En 2011, Morales sufrió otro atentado, aunque no hubo heridos. Era la víspera de la etapa más fuerte de Lima, en la administración del Partido Patriota (PP, 2012-2015).
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) registró que en 2010, el capitán controlaba la cooperativa Torre Fuerte y una maquila en Pavoncito. Fabricaba artículos promocionales para la municipalidad capitalina del entonces alcalde, Álvaro Arzú, y para el PP, el partido del presidente y general retirado Otto Pérez Molina (capturado en 2015, acusado de corrupción). Lima había trabajado con Pérez cuando éste dirigió el desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP) entre 1994 y 1995, y continuó en el EMP en la administración presidencial de Arzú (1996-2000).
Dios los cría; el diablo los junta
El Palidejo y El Matazetas entraron al SP cuando la estrella de Lima (como interno) ascendía. En marzo de 2012, el costarricense llegó a la cárcel de máxima seguridad Fraijanes I deportado por el caso Cabral, desde Colombia. La policía de ese país decía que el Cartel de Sinaloa le pidió a narcotraficantes colombianos protegerlo, pero las autoridades lo capturaron antes.
En junio de 2012, cayó El Matazetas. Lo llevaron a Fraijanes II, donde se encontró con El Palidejo, trasladado desde Fraijanes I después que supuestamente se detectó un plan para matarlo. En Fraijanes II, el costarricense se quejó de padecer presión alta. Entonces, en octubre de 2012, lo llevaron a Pavoncito. Según el diario digital CRhoy.com de Costa Rica, que cita un reporte oficial, El Palidejo se benefició de los traslados de reos atribuidos a Lima. La publicación revela que al capitán “le regalaron 150 traslados por el apoyo a la campaña política de Pérez Molina”, y Lima habría cobrado por cada uno. De ser así, los traslados de El Palidejo de Fraijanes I a II, y luego a Pavoncito, quizá eran parte de los traslados que el reporte consigna.
Pero para febrero de 2013, los espacios del capitán se comenzaron a cerrar. El Ministerio de Gobernación anunció que lo sorprendieron regresando a Pavoncito de una cita odontológica autorizada por el SP, cuatro horas más tarde de lo establecido. Lo acompañaba personal del SP, pero Lima acabó acusado de intento de evasión.
Las autoridades también investigaban a Lima por tráfico de drogas, amenazas, extorsión y agresiones, casos que no avanzaron por falta de pruebas. El mismo año, varios reos denunciaron ante la Inspectoría General del Sistema Penitenciario que a quienes incumplían las normas de Lima, y su grupo, los obligaban a caminar con bolsas de excremento humano sobre la cabeza, o los golpeaban, y que en Fraijanes I y II, obligaban a las mujeres de la visita a desnudarse y a hacer sentadillas. Asimismo, denunciaron cobros desde Q80 mil hasta Q150 mil a quienes pedían su traslado desde esas cárceles hasta Pavoncito, según un documento de la Inspectoría al cual se tuvo acceso.
La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) también recibió denuncias contra Lima por abusos contra otros reos en Pavoncito, donde unos 50 presos cumplían sus órdenes, según lo consignó Plaza Pública en 2013. Para entonces, El Palidejo llevaba un año en esa cárcel, a donde llevarían al Matazetas en 2014.
El mismo año, la Cicig y el MP confirmaron que Lima recibía al menos Q45 mil por trasladar a un reo de una prisión a otra. Además, poseía vehículos de lujo y costosas propiedades, algunas, recibidas a cambio de traslados de reos.
Entre finales de 2014 y principios de 2015, al capitán lo sacaron de Pavoncito y lo llevaron al Mariscal Zavala y a Matamoros. No hay registros disponibles de que Lima todavía estaba en Matamoros cuando El Palidejo llegó allí en febrero de 2015, y se quejó de que lo extorsionaban exfuncionarios del SP asociados con Lima. Ese año, el capitán denunció amenazas de personal del SP, aunque también reveló que López Bonilla pagó el parto de su esposa con un cheque del Ministerio de Gobernación. Ese año, el ministro renunció. Para 2016, Lima estaba en Pavón, y la sangre llegó al río.
El capitán dijo ante la prensa que López Bonilla era un narcotraficante y lavador de dinero (EE.UU. lo acusaría por narcotráfico hasta 2017). Lo llamó “ladrón asqueroso”, y lo responsabilizó de cuanto le ocurriera. Al exministro, que acusó a Lima de extorsión y otros delitos, lo detuvieron por asociación ilícita el 11 de junio de 2016 y lo llevaron a Matamoros. Cinco semanas después, el capitán fue asesinado en Pavón.
El Palidejo, sentenciado a 50 años de cárcel en abril de 2016 y devuelto a Pavoncito, acabó otra vez en Matamoros después del asesinato de Lima en julio de ese año. También trasladaron a la cárcel militar al Matazetas, a Marvin Montiel Marín, alias “El Taquero” (que estaba en Pavón), y a Eduardo Francisco Villatoro Cano, alias “Guayo Cano” (que estaba en Fraijanes I).
El Taquero, principal sospechoso de ordenar la muerte de Lima, según el MP, estaba condenado a 820 años de prisión por asesinar a 15 nicaragüenses y un holandés en 2008 en Zacapa. Cuando lo enviaron a Pavón, supuestamente instaló un lucrativo negocio de venta de droga. Fuentes extraoficiales revelan que Lima intentó controlarlo, y por eso El Taquero ordenó su muerte. El Taquero lo niega.
Un mes después de la muerte de Lima, El Palidejo y El Matazetas estaban de regreso en Pavoncito. La maquinaria de los traslados seguía funcionando, aun sin el capitán. Sin embargo, en septiembre de 2018, la matanza de los siete reos en esa cárcel justificó el traslado de ambos otra vez a Matamoros (por su presunta vinculación en los hechos). Pero en menos de dos semanas, estaban de vuelta en Pavoncito. Estos traslados eran síntomas de un pulso de poder, y ambos lo estaban ganando.
Muerto el rey, viva el rey
Un reporte oficial señala que el día del motín en la cárcel Canadá en 2018, la Policía decomisó armas de fuego, celulares, munición, droga, bebidas alcohólicas y Q123 mil 803 en efectivo. Menocal afirma que la matanza reflejaba la lucha de poder en las cárceles después del asesinato de Lima. Y Canadá era una parte del botín que El Palidejo supuestamente quería asegurar.
El exministro y Talamonti, asesor de seguridad en la presidencia entre 2010 y 2013, confirman que el costarricense compra voluntades de internos y funcionarios para ganar dinero. Para ello, cuenta con El Taquero y Guayo Cano, según una persona procesada por la muerte de Lima, que interactuó con el capitán durante tres años.
Algunos reos extorsionados dicen que Cano es el cobrador. Los intimida por teléfono, y sus antecedentes en la calle lo hacen persuasivo: está condenado a 372 años de prisión por ordenar la muerte de siete policías en Salcajá, Quetzaltenango, en 2013.
Las denuncias que salen de Pavoncito contra El Matazeta y Cano señalan que ambos le permitieron a El Palidejo controlar allí el ingreso de drogas, licor, la talacha (cobros a internos por beneficios, o para evitar vejámenes), y el impuesto que pagan los reclusos para operar sus negocios, como en época de Lima.
En cuanto a las sindicaciones contra El Palidejo, su abogado defensor, Toby García, dijo que no podía responder por las conductas atribuidas a su defendido, y que sólo atiende los asuntos relacionados al proceso legal contra su cliente. “Ignoro si él tiene alguna injerencia en las decisiones que se toman en las cárceles”, señaló García. Hasta el momento, el SP no ha revelado denuncias contra el costarricense. Mientras tanto, después de una audiencia de 2017, por el asesinato de Lima, El Taquero reconoció ante la prensa que tenía poder en Pavón, pero no en otras cárceles.
Lucrativas falencias del Estado
Gerardo Villamar Ramírez tiene más de 10 años en la PDH como jefe de la defensoría de las personas privadas de libertad, y admite que detener los abusos es casi imposible. En las 21 cárceles del SP hay 24,615 privados de libertad. La capacidad es para una cuarta parte. Cuatro reos ocupan el espacio que debería ocupar uno. En promedio, un guardia cuida a diez reos.
Menocal explica que el SP tiene Q560 millones de presupuesto anual; el 98% para pagar salarios y alimentación. El resto, unos Q5 millones, cubre el mantenimiento. Morales, el director del SP, señala que los escasos recursos impiden controlar las prisiones y Villamar explica que eso permite que unos cuantos internos exploten a los demás.
“En las cárceles se cobra por todo”, asegura el defensor. “Si no quieren dormir cerca de los baños, les cobran; si quieren un rincón, una plancha, una hamaca o una cama, les cobran; dependiendo de qué escojan, así es el precio”. También pagan las prostitutas en las visitas conyugales, pagan quienes ingresen mercadería para preparar comida, o elaborar adornos, y cualquier producto que se fabrique en las prisiones.
Lo mismo sucede con los ingresos de celulares, las llamadas telefónicas, los espacios para recibir visitas, y el acceso a atención médica. Villamar ha recibido denuncias de reos que necesitan medicamentos o atención en una clínica en la cárcel, pero “si no pagan, no los dejan salir de su sector”, relata. Un contraste con reos como Lima, que salían de la cárcel para ir al dentista.
Los recién ingresados deben pagar hasta Q3 mil para que no los envíen a los sectores más hacinados, según Villamar. Menocal explica que los reos líderes les hacen un perfil de cobro. “Si los perfilan como alguien con dinero, les piden cantidades grandes, y los amenazan con que, si no las pagan, se van a ir a los sectores más peligrosos”, relata. Y lo cumplen. La PDH confirma que en los peores casos los golpean, someten a descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, violan o asesinan.
De los siete reos asesinados en septiembre pasado en Pavoncito, seis tenían tres meses de estar en esa cárcel. Horas después del crimen, las autoridades le incautaron un revólver al Matazetas, pero no han formulado acusaciones. Prensa Libre publicó que varias denuncias contra El Matazetas, por abusos, ingresaron a la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, y que el SP no ofreció explicaciones.
En todo 2018, el SP reportó 106 reos fallecidos: 51 murieron por asfixia (estrangulados, o ahorcados), contusiones múltiples (golpes en distintas partes del cuerpo), o arma de fuego. Esto, a casi dos años de la muerte de Lima.
Los familiares de las víctimas denuncian los casos ante la Procuraduría, pero cuando ésta hace una verificación, los reos niegan todo para evitar represalias. Mientras tanto, la sobrepoblación interna (el 52% en detención preventiva) le garantiza pagos voluminosos a los reos poderosos. El dinero se reparte entre los reos encargados de los sectores en las cárceles, cuyo jefe controla cuánto dinero ingresa y también lo reparte entre los guardias y las autoridades, según Menocal.
“Si ingresan Q5 mil por un recluso, Q1 mil son para los encargados, Q1 mil para los guardias, Q1 mil para el director del penal y Q2 mil para el que recauda el dinero”, revela el exministro, quien obtuvo la información en entrevistas con varios reclusos cuando fue el quinto ministro de Gobernación de la administración de Álvaro Colom (2008-2012).
SP, un monstruo disfuncional
Menocal resaltó que las condiciones del SP facilitan la corrupción. Lo comprueba el número de exfuncionarios y guardias del SP procesados en los últimos cinco años: tres directores del SP capturados por incumplimiento de deberes, lavado de dinero, traslado ilegal de reos (casos relacionados con Lima) y un contrato anómalo para arrendar vehículos; un subdirector del SP, y al menos ocho guardias procesados por una fuga. Como corolario, El Taquero declaró en febrero pasado que funcionarios del SP todavía asisten a fiestas en las cárceles.
Este escenario explica por qué la lucha por el botín es a muerte. Lo demostraron el asesinato de Lima, el supuesto intento del Palidejo por controlar Canadá, y la masacre de Pavón de mayo pasado. Por eso el guardia de Pavoncito dice desde el anonimato, “ellos tienen dinero”. Ese es el motor de las pugnas internas en el SP. Aunque el poder sea un castillo de naipes, se puede desplomar en cualquier momento.
Este reportaje se realizó en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP), Fundación DESC.
