Los proyectos hidroeléctrico Oxec I y II quedaron suspendido en febrero de 2017, mientras se resolvía el proceso legal en el cual se argumentara que no se realizó la consulta comunitaria indicada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Semanas después, siguió operando para evitar perdidas económicas de la obra en construcción.
En diciembre de 2017, el proceso de consulta popular por el caso de las hidroeléctricas concluyó con la firma de cinco acuerdos por las tres partes: las 11 comunidades del área de influencia, la empresa y el Estado.
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El reglamento pendiente en el Congreso
La resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre los dos proyectos hidroeléctricos también ordenó al Congreso legislar sobre el Convenio 169 en un plazo de un año. El Organismo Legislativo tenía hasta finales de mayo de 2018 para cumplir con la resolución. Sin embargo, el Congreso no cumplió con este plazo.
La resolución CC no establece consecuencias sobre el incumplimiento. Ya han pasado siete meses desde que venció el plazo y el Congreso todavía no legisla sobre las consultas comunitarias.
Al Congreso han ingresado tres iniciativas de ley que pretenden para dar certeza jurídica a los pueblos indígenas. Pero ninguna ha tenido éxito.
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En el 2015 la Comisión de Asuntos Electorales incluyó en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos una propuesta para legitimar las consultas, pero tuvo mucha oposición y no avanzó.
Las comisiones del Congreso a las que la CC envió la resolución para que definieran una estrategia que permitiera legislar sobre las consultas comunitarias fueron: Legislación y Puntos Constitucionales, Asuntos Electorales y a la de Pueblos Indígenas para que determinen el camino a seguir.
Hasta el momento, no ha habido avances. El diputado Fernando Linares Beltranena, quien fue parte de los legisladores que presentaron una iniciativa sobre el tema, no cree que alguna propuesta camine en el Congreso. "Mi postura es que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) debe emitir un reglamento, porque es competencia de este ministerio normar sobre los bienes del subsuelo".
