La cúpula empresarial rechaza los bloqueos y pide al Gobierno actuar, mientras Arévalo señala factores externos en los combustibles.
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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) exigió este martes al Ministerio de Gobernación y a las fuerzas de seguridad despejar de inmediato las carreteras del país.
El pronunciamiento se da al cumplirse diez días continuos de bloqueos que mantienen paralizado el comercio y la movilidad ciudadana.
Los directivos de la cúpula empresarial afirmaron que las manifestaciones han derivado en actos delictivos e instaron al Ministerio Público (MP) a investigar a los autores intelectuales y al financiamiento detrás de las movilizaciones.
Durante una conferencia de prensa, el sector privado detalló que la interrupción del paso en las principales arterias viales genera un severo impacto en las cadenas de suministro y en el traslado de productos de primera necesidad.
De acuerdo con las estimaciones presentadas por el gremio para este periodo de agosto de 2026, los daños económicos diarios afectan de forma directa la recaudación fiscal y las operaciones de comercio exterior.
"En las aduanas por importaciones y exportaciones pasan US$150 millones diarios", declaró Enrique Font, presidente de la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) y director de Junta Directiva del Cacif.
Font agregó que "la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) deja de percibir alrededor de Q100 millones diarios en recaudación y a cada guatemalteco económicamente activo le cuesta 217 quetzales diarios los bloqueos".
Impacto millonario
La dirigencia empresarial enfatizó que la crisis trasciende los números y afecta directamente la calidad de vida de miles de trabajadores y pacientes que no pueden trasladarse a sus centros hospitalarios o puestos de trabajo.
Asimismo, alertaron sobre denuncias relacionadas con cobros ilegales de peaje y exigencia de datos personales en los puntos de cierre, situaciones que vulneran los derechos constitucionales.
Respecto a la posibilidad de solicitar un Estado de Prevención, el gremio aclaró que las autoridades no requieren de medidas excepcionales para restituir el orden en las vías públicas, puesto que la legislación ordinaria faculta la actuación policial desde el primer momento en que se interrumpe la locomoción.
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"Hay amparos y está dentro de la ley; el Ministerio de Gobernación y el MP deben actuar y deben desalojar, no necesitan un estado de prevención para hacerlo". aseveró Charles Dennis Bland, presidente de la Cámara del Agro y director de la Junta Directiva del Cacif.
Bland agregó que "a veces hasta pareciera que les gustaría que crezca la situación para poder hacer ese estado de prevención".
Acción legal
El sector privado recordó que existen resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que ordenan garantizar el libre tránsito en el territorio nacional, por lo que instaron al Ejecutivo a dar fiel cumplimiento a lo resuelto por el máximo tribunal.
A criterio de la cúpula, la permisividad ante los bloqueos compromete la atracción de nuevas inversiones y la generación de empleo en el país.
En medio de los reclamos empresariales, el presidente de la República Bernardo Arévalo, ofreció una postura secundaria durante el XXI Congreso Industrial.
El mandatario argumentó que el alza en el costo de los carburantes —motivo esgrimido por los manifestantes— obedece a la volatilidad de los mercados internacionales del petróleo y no a decisiones internas del Gobierno.
El mandatario Arévalo afirmó que la desinformación sobre los precios internacionales busca ser instrumentalizada por grupos interesados en generar inestabilidad política e ingobernabilidad.
Frente a la coyuntura del mercado internacional de los combustibles, el Congreso de la República evalúa la implementación de mecanismos de subsidio temporal para amortiguar el costo de los combustibles a la población.
Sin embargo, los directivos del Cacif remarcaron que ninguna demanda social justifica la paralización de la infraestructura logística nacional.
La cúpula empresarial concluyó reiterando que la preservación del estado de derecho y el despeje de las vías son condiciones indispensables para resguardar la estabilidad económica del país ante el próximo proceso electoral.
