Los guatemaltecos podrían tener una mejor conectividad en sus teléfonos y computadoras, pero un proceso legal entrampa que esto sea posible.
Desde 2015, los operadores de telecomunicaciones en el país aspiran a tener la concesión de la Banda AWS, una frecuencia que el Estado tiene reservada; pero un conflicto en las normativas nacionales impide que el evento se lance a subasta pública.
- POR SI NO LEÍSTE:
Esta opción les sirve para ampliar su ancho de banda y así mejorar su capacidad y su velocidad de carga y descarga de datos. Como si se tratara de una carretera que amplía sus carriles de circulación ante la saturación.
Por eso, esta situación no solo pone en juego la mejora de la calidad de internet para los guatemaltecos ,sino también un beneficio millonario para el país por la inversión que supone la concesión.
En la lucha por administrar las frecuencias están la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), que ya lanzó un evento de licitación pública fallido, y la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel), ahora dirigida por la exministra de Comunicaciones Sherry Ordóñez, que pide la propiedad de la frecuencia.
El proceso legal está entrampado por varias impugnaciones que aún no están resueltas y, a este paso, la tecnología va a sobrepasar al tema legal porque ya se anuncia la llegada de una tecnología 5G, que apuesta por una velocidad de descarga de 200 Mb por segundo.
Por su parte, las operadoras que funcionan en el país ofrecen servicios de 4G. Sin embargo, argumentan que la existente no es la banda más adecuada y que aún se puede optimizar.
¿Cómo fue el proceso?
En 2015, la SIT intentó regular la frecuencia superior que era un recurso en un concurso público que propuso el exsuperintendente Eddy Alfonso Padilla Aroch.
Entre las operadoras, Telefónica y Claro dividieron la banda en tres fragmentos de 15MHz cada uno tomando en cuenta que hay tres operadores funcionando en el país. Por su parte, Tigo no presentó ninguna oferta.
Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación (PGN) estableció a los días de su publicación que ningún organismo requirió que transformara las frecuencias de uso estatal.
Según un informe de Movimiento Pro Justicia, se presentaron un total de 17 impugnaciones que entramparon el proceso de subasta promovido por la SIT.
La presentada por Guatel fue la única que hasta la fecha se declaró con lugar y en ella alegaba que las frecuencias les fueron asignadas durante el gobierno de Álvaro Colom.
En la actualidad, tres impugnaciones están pendientes de resolver y el resto no se conocieron o quedaron sin lugar.
¿Qué viene ahora?
La jefa de la PGN, Anabella Morfín, señaló que toda esta situación corresponde a un desorden normativo que debe definirse previo al lanzamiento de la subasta.
“Se está en el análisis normativo para definir si le corresponde a Guatel o a la SIT y si es necesario el Congreso tendrá que hacer alguna reforma normativa”, comentó.
Para Morfín, la Ley Orgánica de Guatel “no ha sido derogada pese a que no tiene patrimonio” y la SIT es un brazo técnico del Ministerio de Comunicaciones.
No obstante, aparece un tercer factor a tener en cuenta: el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA).
“El tratado establece que el ente que preste servicios no puede ser el administrador”, aclaró.
Interpretación legal
El choque de las normativas obliga a que haya una interpretación legal para conocer cuál es la que prevalece sobre el resto.
Según lo explicado por abogados especializados en derecho internacional existen dos formas de leer el proceso legal.
TAMBIÉN PUEDES LEER:
Por un lado, a nivel nacional, la Ley del Organismo Judicial sobre la interpretación de leyes establece que los tratados como el DR-CAFTA, que no son sobre derechos humanos, están a nivel de una ley ordinaria. Por tanto, el conflicto se resuelve por temporalidad, la posterior deroga a la anterior.
Además, en el plano internacional, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y el propio DR-CAFTA establecen que hay un principio por el que un derecho nacional no se puede oponer a un tratado internacional.
Asimismo, en caso de que el Congreso resuelva en contra del DR-CAFTA se podría caer en un incumplimiento y, por tanto, Guatemala podría ser objeto de una demanda.
