Anam señaló que veto a la ley podría desencadenar manifestaciones en contra del Ejecutivo. El sector empresarial rechaza la Ley y el Gobierno aún analiza si la veta o sanciona.
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Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), afirmó que más de 300 alcaldes han firmado una petición para que el presidente Bernardo Arévalo sancione el Decreto 7-2025, el cual contiene la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes).
Siero señaló que no entiende por qué Arévalo no ha fijado postura a favor, ya que el oficialismo en el Congreso ya hizo la misma petición para ejecutar obras del año pasado en dos iniciativas de ley diferentes.
Al respecto, Arévalo explicó que si bien pidieron que los Codedes puedan ejecutar su presupuesto un año después, su compromiso es que pasado ese lapso ya no puedan hacerlo y sostuvo que sigue el análisis para saber si será sancionada o vetada porque "hay preocupaciones".
El alcalde enfatizó en que la bancada oficial presentó anteriormente la iniciativa 6576 que dispone crear una ley de agilización de la inversión pública, la cual permitiría que los Codedes puedan ejecutar obras el próximo año de aprobadas.
"En la iniciativa 6576, se habla de los avales y este nuevo Decreto 7-2025 es un copy-paste, de cómo viene el artículo 6 de la iniciativa presentada por el oficialismo. Lo quieren hacer ver como que se reducen los mecanismos de control y que aumentará la corrupción. Eso es totalmente falso", afirmó el presidente de la Anam.
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También destacó que en el proyecto de presupuesto presentado recientemente por el Ministerio de Finanzas Públicas también incluye un artículo que permite la ejecución interanual de las obras de los Codedes.
"Entonces, el Ejecutivo, a través de su diputado y su ministro, mandaron dos iniciativas de ley y de estas se extrajeron los artículos con los cuales se aprobó en el Decreto 7-2025. Nos sorprende que si es algo vino de ellos, por qué ahora están en contra", cuestionó el jefe edil.
Según Siero, el motivo de estar en contra "es sencilla: están queriendo usar el problema de los Codedes para chantajear y que se apruebe el presupuesto".
El presidente Arévalo fue consultado y respondió que esa discusión se ha tenido en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) con alcaldes y muchas veces los proyectos no alcanzan a ser ejecutados en el año en que se aprueba el presupuesto.
"Este dinero a nadie le conviene que regrese a la cuenta general del Estado, sino que se siga traduciendo en esa carretera, en ese puesto de salud, en ese instituto, en ese puesto de tratamiento de aguas", afirmó el mandatario.
"En ese sentido, hemos puesto en la ley del presupuesto un artículo que permite que por este año se pueda comenzar con esa práctica, pero con el compromiso de que para el año entrante ya no va a poder ser hecho. Asumimos la tarea de hacer más eficiente todo el procesamiento de los avales que corresponden", argumentó Arévalo.
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Sin embargo, el mandatario aseguró que estudia el Decreto 7-2025 porque no desean que se abra cualquier mecanismo de corrupción.
Sobre esta postura, Siero describió: "nos parece muy curioso, muy irónico, que cuando esto lo proponen los diputados de Semilla, está bien y es aplaudido por ellos. Pero cuando alguien más lo propuso y lo aprobó, está mal".
Aseguró que "el Gobierno no tiene solvencia moral" para vetar la ley cuando trae exactamente los artículos que ellos piden. "Me interesa que saquemos de la ecuación el chantaje legislativo", afirmó Siero.
Soy502 consultó al Ministerio de Finanzas Públicas por las aseveraciones del presidente de la Anam, sobre que se quiere utilizar el tema para aprobar el presupuesto y la Unidad de Comunicación Social de la cartera señaló que no tenían nada que comentar al respecto.
Sobre la aseveración de usar esta situación para negociar el presupuesto, Arévalo respondió que si bien el oficialismo se opuso a votar a favor el Decreto 7-2025, eso no pasó con el resto de leyes aprobadas.
"Hay discusiones en el Congreso de la República que son puntuales y se organizan alrededor de determinados temas. Es mi impresión, había más una perspectiva desde el interés de diputados de cómo van a poder vender esto a nivel local que un alineamiento general", respondió el mandatario.
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Alcaldes se manifestarán en contra
Se le consultó al alcalde Siero qué pasaría si el Ejecutivo resolviera vetar el Decreto 7-2025 y respondió que las más de 300 cartas firmadas por alcaldes para que se sancione la ley y que más de 100 diputados votaran a favor de la ley debería hacer reflexionar al Ejecutivo.
"El mensaje que queremos transmitir es que esta es la oportunidad del Presidente para demostrar que en verdad está en contra de la corrupción y que debe de sancionar el Decreto 7-2025", afirmó el presidente de la Anam.
Indicó que en caso de veto, muchos alcaldes manifestarán su rechazo a la decisión y eso no quiere decir que saldrán a "hacer bochinches" sino que serán manifestaciones de rechazo público a la decisión.
"Si el presidente llega a vetar la ley, lógicamente la intensidad de esas manifestaciones de rechazo público aumentará. Tenemos alcaldes que quieren venir a la ciudad acompañando a sus diputados", explicó el jefe edil.
Sobre las manifestaciones, Arévalo respondió: "tenemos un conducto abierto con los alcaldes, estamos hablando con ellos y hemos encontrado una disposición al diálogo porque también entienden que hay problemas".
"No vemos ningún problema. Hay que preguntarle a él —Siero— por qué la necesidad de actuar siempre con amenazas, como que no tiene mucha confianza en la solidez de sus propios argumentos", afirmó el mandatario.
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Rechazo del sector empresarial
La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) manifestó su preocupación por la aprobación de la Ley que permite que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) utilicen recursos no ejecutados y rechaza el proyecto de Presupuesto 2026.
La Cámara señaló su "preocupación por la aprobación en único debate y de urgencia nacional del Decreto 7-2025, Ley de fortalecimiento financiero y de continuidad de proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural".
"Los mecanismos para la ejecución del presupuesto deben ser analizados y discutidos con la debida profundidad para asegurar el resguardo de los procedimientos de fiscalización y control del uso de los recursos públicos", precisaron los empresarios.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y Financieras (Cacif) planteó, en un comunicado de prensa, su petición para que el presidente Bernardo Arévalo vete la ley aprobada por el Congreso.
"El decreto permite trasladar automáticamente todos los recursos no ejecutados de un año al otro, lo cual viola el principio de anualidad del presupuesto y delega al Ministerio de Finanzas atribuciones que son exclusivas del Congreso", se lee en el documento.
Además, pese a que Finanzas evitó pronunciarse sobre los señalamientos del presidente de la Anam, ya habían emitido opinión sobre la ley y manifestaron que le pedirán al mandatario que vete la misma. La decisión del mandatario podría concretarse en los próximos días.
