Señalamientos de opacidad y contrariedad a leyes vigentes pesan contra el Decreto 7-2025, aprobado por el Congreso, en favor de los Codede.
EN CONTEXTO: Consejos de Desarrollo podrán usar recursos de este año en 2026
El Congreso de la República aprobó de urgencia nacional una ley que permite a los consejos departamentales de desarrollo (Codede) contar en 2026 on los fondos que no ejecuten este año; además, ordena a las entidades del Gobierno agilizar los avales para los contratos que esas instancias planteen para sus obras.
No han pasado 24 horas de la aprobación de esa normativa y ya hay voces en su contra.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) fue de las primeras entidades en referirse a los efectos negativos que tendría la disposición aprobada por los diputados mediante el Decreto 7-2025.
Por medio de un comunicado, externó "su mayor preocupación por los efectos fiscales nocivos" de la ley y recomendó públicamente al presidente Bernardo Arévalo emitir un veto, para que la normativa no cobre vigencia.
Debilita controles
A criterio de la Icefi, el "afán de agilizar la ejecución presupuestaria (de los Codede) no justifica debilitar o suprimir los controles establecidos, ni limitar las facultades de las entidades del Estado para emitir resoluciones, avales, autorizaciones, permisos, licencias y demás procedimientos" en el marco de las adquisicione públicas.
Asimismo, remarcó que "no se justifica alterar la Ley Orgánica del Presupuesto y otras normas de vigencia permanente para resolver problemas de tipo temporal o coyuntural".
En su pronunciamiento, la organización también hace ver que el decreto aprobado asegura "de manera forzada la disponibilidad de recursos financieros para las municipalidades, pero no abona a garantizar la calidad de las obras a ejecutar".
El Icefi se refiere puntulamente a la fijación de un plazo máximo de cinco días para la emsión de resoluciones y avales para los contratos de los Codede, lo cual, en su opinión, favorece la corrupción.
"Bolsa paralela de fondos"
En una línea similar se pronunció el sector empresarial aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
"El decreto permite trasladar automáticamente recursos no ejecutados de un año a otro, lo cual viola el principio de anualidad del presupuesto y delega al Ministerio de Finanzas atribuciones que son exclusivas del Congreso", dice un comunicado emitido por esa instancia.
Además, menciona que, "de entrar en vigencia, esta ley abriría la puerta a una bolsa paralela de fondos públicos sin el control político que garantiza la Constitución".
De igual manera se pronunció la Cámara de Comercio de Guatemala, y, con base en ello, ambos entes solicitaron el veto presidencial.
Detectan irregularidades
A esa petición también se unió el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el cual resaltó una serie de hallazgos en la normativa a favor de los consejos de desarollo:
- Quebranta la anualidad y el cierre presupuestario
- Afecta la unidad del presupuesto y el rol del Congreso
- Relaja controles en un entorno de riesgo
- No ataca la causa de la subejecución
Así votaron
Cabe destacar que la norma que es sujeto de críticas fue impulsada por diputados de los bloques Cabal y Vamos, quienes lograron un total de 105 votos para la aprobación correspondiente.
Hace una semana hicieron el primer intento por lograr tal cometido, pero no contaron con el respaldo necesario.
Luis Aguirre, jefe de Cabal, aseguró la intención es "apoyar a los alcaldes y que no les afecten los recursos extraordinarios con los ordinarios (previstos) el otro año" y garantizar la continuidad de proyectos que están en marcha en los municipios.
Tal postura fue compartida por otros legisladores, pese a que en el transcurso del año varios han criticado la "baja ejecución" de los Codede. La única bancada que, por ahora, se ha pronunciado en contra de esa ley es Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).
