Presidente afirma que análisis se hace tomando en cuenta el contexto en el cual se usaría la Ley.
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El Organismo Ejecutivo sigue sin fijar postura respecto a la sanción o veto el Decreto 7-2025, el cual aprueba la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes).
El presidente Bernardo Arévalo fue consultado durante la conferencia de prensa denominada La Ronda sobre su postura ante la aprobación de dicho decreto que permitiría a los Codedes seguir en 2025 con la utilización de recursos no utilizados este año.
"Nosotros ya lo estamos estudiando, tenemos las mismas preocupaciones que el conjunto de la población, alrededor de que no podemos permitir que haya mecanismos que, por la razón que sea, abran la puerta a estos mecanismos de corrupción", contestó el mandatario.
El gobernante también aseguró que el Decreto 7-2025 aún no ha llegado del Organismo Legislativo, pues aún no ha terminado los procesos correspondientes previos a ser enviado a la Presidencia.
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"Estaremos atentos a revisarlo en cuanto nos lo envíe el Congreso de la República, por el momento estamos analizando", recalcó Arévalo.
Sin embargo, los periodistas repreguntaron al mandatario sobre qué es lo que se analiza y por qué no fija una postura debido a que varios sectores lo han exhortado a hacerlo, ya sea a favor o en contra.
El presidente respondió a la repregunta asegurando que el Gobierno tiene un doble compromiso y que por el contexto de una "institucionalidad golpeada por la corrupción, es un reto efectivo".
Explicó que buscan generar obra y hacerlo de manera transparente, por lo cual "no puede permitir que haya mecanismos que, en aras de generar más obra, sacrifiquen transparencia o en aras de cuidar la transparencia, no generen obra para la población".
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"Es con ese ángulo con el que estamos viendo exactamente esta iniciativa del Congreso, que como le reitero, la estamos analizando, pero nos preocupa", declaró el mandatario.
Constitucionalmente, el Presidente de la República tiene la potestad de vetar la ley, si eso sucede regresaría al Congreso y a menos que se apruebe con mayoría calificada para sobreponerse al veto presidencial, este quedaría sin efecto.
