Nueve diputados consideran que hay irregularidades en la ley que favorece a los consejos de desarrollo y buscan que no cobre vigencia.
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Las voces a favor y en contra del Decreto 7-2025 siguen creciendo, y antes de que la vigencia de esa norma quede en manos del presidente Bernardo Arévalo, en el Congreso se hará el intento de frenarla.
Durante la reunión semanal de los jefes y subjefes de bloque trascendió que se han presentado nueve objeciones contra esa ley, con el fin de impedir que los consejos departamentales de desarrollo (Codede) puedan arrastrar anualmente los recursos extraordinarios que se les asignen.
Según lo acordado, los reparos contra el Decreto se someterán a votación en la sesión plenaria de este martes 9 de septiembre. Si fueran aceptados, la normativa quedaría sin efecto; de no ser así, tendría que ser remitida al Ejecutivo, donde se decidiría sobre su sanción o veto.

Oficialismo sin apoyo
Según los registros del Legislativo, los únicos que se oponen a que el Decreto 7-2025 entre en vigencia son los diputados que siguen fieles al Movimiento Semilla:
- Olga Isabel Villalta Pereira
- Luis Enrique Ventura Urbina
- Alma Luz Guerrero de la Cruz
- Brenda Marleny Mejía López
- Ivanna María Luján Padilla
- Manfredo Duvalier Castañón González
- Mirna Victoria Godoy Palala
- Raúl Amílcar Barrera Robles
- José Carlos Sanabria Arias
Cada uno de ellos presentó una objeción, la cual defenderán durante la plenaria. No obstante, se conoce que no cuentan con el respaldo necesario para que estas se aprueben.
Aunque el grupo dirigido por Samuel Pérez se considera un aliado de esa facción, ninguno de sus miembros planteó reparos en busca de frenar la norma.
Según diputados de la oposición, el acuerdo se mantiene entre la mayoría de bancadas para que los Codede cuenten con los fondos que necesitan el siguiente año para ejecutar los proyectos que dejen pendientes en este período.

Sectores se oponen
Desde el pasado 2 de septiembre, cuando se aprobó la citada normativa, distintas organizaciones sociales, académicas y empresariales, así como el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), se han pronunciado en contra el beneficio para los Codede, por considerar que "favorece la corrupción".
Entre las presuntas anomalías detectadas por las entidades que han evaluado el Decreto figuran:
- Violación al principio de anualidad del presupuesto
- Delegación al Minfin de atribuciones que son exclusivas del Congreso
- Creación de una bolsa paralela de fondos públicos
- Eliminación de controles sobre el gasto público
Empero, diputado como Luis Aguirre, de Cabal, aseguran que la única intención es "apoyar a los alcaldes y que no les afecten los recursos extraordinarios con los ordinarios (previstos) el otro año", así como "garantizar la continuidad de proyectos" que están en marcha en los municipios.
El día en que se aprobó la ley, se contó con el voto de 107 parlamentarios.




