A nivel nacional, según estadísticas judiciales, diez departamentos concentran la mayor cantidad de audiencias suspendidas con más de 40 mil citaciones en dicha situación.
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A partir del 1 de julio de 1994, el proceso penal guatemalteco sufrió un cambio, dejando atrás el antiguo modelo inquisitivo en el que las acciones judiciales desarrolladas por las partes, acusatoria como la defensa, predominaba lo escrito.
Esto trajo consigo la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que no sólo dio cabida a la separación de las funciones de investigar y juzgar, pues la persecución penal pasó a ser una función del Ministerio Público (MP), sino también sustituyó el sistema escrito por audiencias y debates orales.
De esta cuenta, con la nueva normativa se materializan directamente los principios de inmediación, publicidad, contradicción y concentración procesal, lo que asegura que la prueba se presente ante el juez y que los juicios sean de conocimiento público.
Sin embargo, aunque ha sido señalado como un tema recurrente en los tribunales de justicia por algunos analistas y abogados penalistas consultados por Soy 502, estos preceptos fijados en el sistema oral y acusatorio, parecieran quedar cortos con las suspensiones de audiencias, diarias, que se dan en las diferentes judicaturas.
Según estadísticas del Organismo Judicial (OJ), en el primer semestre de este 2026, del 1 de enero al 29 de junio, último día hábil, se contabilizan, a nivel nacional, un total de 40 mil 360 audiencias suspendidas.
De estas, datos oficiales, proporcionados por la Unidad de Acceso a la Información, dan cuenta que la mayor problemática se concentra, drásticamente, en sólo 10 departamentos que acumulan el 78% del total del país, es decir 31 mil 615 suspensiones.
El "top 10"
Con esto, sobresale que Guatemala es el departamento que encabeza la lista con 14 mil 435 audiencias fallidas, es decir 35% del total registrado en las diferentes judicaturas en el territorio nacional.
Le sigue, en el segundo puesto, Escuintla que concentra el 10.4% con 4 mil 201 audiencias sin realizar, y Quetzaltenango, en la tercera casilla con un 5.3% para 2 mil 172.
Los cinco departamentos con más suspensiones lo completan Petén y Huehuetenango, con una diferencia de 341 audiencias entre uno y el otro.
El resto del "top 10" lo complementan, según su orden, Jutiapa con 1 mil 686, San Marcos 1 mil 611, Santa Rosa 1 mil 431, Quiché 1 mil 331 y Alta Verapaz 1 mil 1227.
Contrario a lo anterior, existen tres circunscripciones que registran el menor número de aplazamientos, siendo Totonicapán el último con 147 suspensiones, mientras que el Progreso y Jalapa acumulan 517 y 502, respectivamente.
Departamento de Guatemala
De las judicaturas ubicadas en la capital, la mayoría en la torre de tribunales, la mora judicial y el estancamiento de procesos se focaliza en tres judicaturas que suman 22.5% para un total de 2 mil 359 audiencias suspendidas.
El Juzgado Sexto Penal, ubicado en la torre de tribunales, lidera los retrasos en el departamento de Guatemala con 1 mil 491 suspensiones, es decir un 3.6% de las 14 mil 435 registradas.
A este le sigue el Juzgado Primero de Delitos de Extorsión, con 947 que ocupa el segundo lugar.
Y, por último, en el tercer puesto, se ubica el Juzgado de Primera Instancia Penal en materia Tributaria y Aduanera, que registró 821 diligencias frustradas en el mismo período.
Mala programación
El abogado Alejandro Arriaza, quien conoce casos considerados de alto impacto, señaló que las suspensiones de audiencias se dan por muchas circunstancias, en algunos casos, se dan por mala programación.
Agregó que, hay audiencias se suspenden porque no hay salas para realizarlas, y si las hay, son insuficientes para albergar a las partes procesales y a quien las presencia.
Aclaró que, con la creación de las judicaturas pluripersonales, estas tienen sus propias salas, pero que "estas están pegadas al escritorio del juez y las partes en el proceso", apuntó.
Sin embargo, indicó que el problema mayor esta en el "alargamiento" de los procesos penales, puesto que las reprogramaciones se tienen que ajustar a la agenda de la judicatura, por lo que fechas para efectuar las audiencias suspendidas se dan hasta con dos o tres meses de postergación.
Otro abogado que comparte lo expresado por Arriaza es Oscar Morales, quien afirmó que existen varias razones por las que una audiencia puede suspenderse, opinó que una de las causas tiene que ver con la falta de una programación que unifique una sola agenda jurisdiccional para la realización de éstas.
Dijo que una salida a esta problemática podría ser la creación de una agenda electrónica que permita controlar en una base de datos todas las audiencias que son programadas por cada judicatura.
Por último, aunque reconoció el esfuerzo que se ha efectuado para contrarrestar esta carencia, pidió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia contemplar una mayor inversión en infraestructura que permita la planificación de nuevas salas de audiencias y desarrollar y tecnificar las agendas jurisdiccionales.
