En el Decreto 29-2024, se norma la asignación de Q30 millones para la implementación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria este año, pero el dinero todavía no llega.
OTRAS NOTICIAS: Carreteras dañadas, bloqueos y lentitud desalienta la inversión extranjera en el país
En noviembre de 2024, el Congreso de la República aprobó una normativa que plantea un plan proyectado para 30 años, mediante el cual el Gobierno deberá garantizar la ampliación y conservación de las carreteras centroamericanas, consideradas como prioritarias, por su impacto en el traslado de mercancías.
Se trata de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, la cual establece los mecanismos para que el Ejecutivo ponga en marcha diversas obras en rutas que agilizarían la movilidad entre el Pacífico y el Atlántico, por ejemplo.
Esto incluye la creación de nuevas entidades, adscritas al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), las cuales tendrían que velar por el cumplimiento de la norma. Se trata de las siguientes:
- Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp)
- Fondo para Proyectos Vial Prioritarios (Fovip)
La primera de estas instancias está en funciones parcialmente y en mayo pasado se designó a su primer gerente, Claudia Cáceres.
Entretanto, el Fovip aún no se habilita, ya que requiere la asignación de Q30 millones para empezar a funcionar. Tal cantidad debía se dividiría en Q10 millones para el fondo operativo y Q20 millones para el fondo de infraestructura.
Así quedó consignado en el Decreto 29-2024, el cual establece que ese monto tendría que ser aportado por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).
Sin recursos
Pese al citado mandato, hasta la fecha, la cartera del Tesoro no ha hecho la asignación de tales recursos, según confirmó el titular del CIV, Miguel Ángel Díaz, durante una citación en el Congreso.
La Ley indica que el dinero debía llegar al Fovip en un plazo máximo de 60 días después de que esta cobrara vigencia, lo cual ocurrió el 3 de enero de este año. Es decir, que los fondos tuvieron que acreditarse a principios de marzo.
De acuerdo con Díaz, por ahora, no hay certeza de cuándo llegaría el dinero. Además, hizo ver que la ley de infraestructura, recursos, carreteras no se cumpla con esa asignación, la Gerencia de la Dipp no podrá entrar en funcionamiento totalmente.
Sin fecha prevista
El jefe del CIV aseguró que ya se hizo el respectivo requerimiento al Minfin, pero se está a la espera de la acreditación.
"Ya hicimos todas las gestiones, incluso, la Dirección ya cuenta con su NIT (número de identificación tributaria), pero se están haciendo las coordinaciones en Finanzas", indicó.
También reconoció que hay varios meses de retraso en el tema; no obstante, mencionó que, según lo aprobado por el Congreso, "la Dipp entrará a trabajar plenamente en el 2027". En este momento, "se están elaborando la estructura presupuestaria y la estructura administrativa" de la entidad, justificó.
Hasta ahora, el Ministerio de Finanzas no se pronuncia sobre las razones por las cuales no se han otorgado los fondos regulados en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Soy502 hizo reiteradas consultas al respecto, pero no ha habido respuesta.
"No se ponen de acuerdo"
La situación ha generado críticas por parte de diputados en el Congreso, quienes han cuestionado en varias reuniones el "poco avance" en la normativa, que está a dos meses de cumplir un año de haberse aprobado.
Uno de los críticos es José Chic, de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), quien mencionó que "mientras se ponen de acuerdo los ministros de Finanzas y Comunicaciones (sobre la asignación de recursos), se va atrasando la implementación de la Ley".
El legislador calificó el asunto como "preocupante", dado que la creación de esta normativa fue "para atender con agilidad parte de la red vial más importante del país". "Mientras tanto, las carreteras están colapsadas y los contratos no inician", remarcó.
Chic se reunió la semana pasada con el titular del CIV y este aseguró que "se están cumpliendo con los plazos establecidos en la normativa. En ese marco, destacó que el reglamento correspondiente estaría listo en octubre próximo.
Carreteras priorizadas
Cuando se aprobó la norma, diputados de diferentes bancadas destacaron la importancia de contar con este marco jurídico, ya que permitiría "optimizar las carreteras que van de frontera a frontera y de puerto a puerto".
Elmer Palencia, de Valor, fue uno de los principales impulsores de la Ley y resaltó que esta constituiría "un respiro para la crisis que tenemos en la infraestructura de todo el país". Esto, debido a las rutas que se prevé sean intervenidas:
- CA-1 Occidente: kilómetros 45 al 99 (Guatemala y Chimaltenango)
- CA-1 Oriente: kilómetros 31 al 40 (sureste de Guatemala)
- CA-2 Occidente: recorre los departamentos del sur del país
- CA-2 Oriente: recorre los departamentos del sur del país
- CA-8: carretera que recorre Santa Rosa y Jutiapa
- CA-9 Norte: kilómetros 21 al 41 (oriente de Guatemala)
- CA-9 Sur: kilómetros 36 al 39 (al sur de Guatemala)
- CA-13: desde la CA-9 Norte hasta la Aduana Frontera Corinto
- CA-14: carretera que recorre las Verapaces
Empero, hasta la fecha, no se tiene previsto ningún proyecto que corresponda a tales tramos. Según el ministro de Comunicaciones, será hasta mayo de 2026 cuando se presente el plan de intervenciones y su costo.
Ley incluye megaproyectos
Otro de los aspectos que garantiza la Ley de Infraestructura Prioritaria es el desarrollo de megaobras que no han logrado arrancar o quedaron a medias en gobiernos anteriores.
Entre estas destacan las circunvalaciones 1 y 2, en el área metropolitana de Guatemala, las cuales forman parte del Plan Maestro de Movilidad. Este es un proyecto que plantea crear una carretera perimetral que descongestionaría el tráfico en los puntos más críticos del departamento.
A esto se sumaría el Anillo Metropolitano, el cual pasaría por distintos municipios de Guatemala, Escuintla, Sacatepéquez y Santa Rosa, donde se crearían o ampliarían distintas carreteras.
Trabajos similares, pero a mayor escala, requeriría el Anillo Regional, una obra con la que se busca impedir que los vehículos que se dirigen del norte al sur y viceversa tengan que circular necesariamente por la capital.
Tal proyecto se presentó hace más de una década y conectaría 58 municipios ubicados en ocho departamentos: El Progreso, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Sacatepéquez, Chimaltenango y Guatemala.
La normativa también incluye la construcción del Arco 18 y Arco Norte Metropolitano, que consiste en un libramiento hacia la Ciudad de Guatemala, mediante la interconexión de las carreteras CA-9 Norte y CA-1 Oriente. Es decir, de la ruta al Atlántico a Santa Catarina Pinula.
