04/12/2021

Obispos y cardenales serán juzgados por el tribunal penal del Vaticano

  • Por AFP
30 de abril de 2021, 09:02
EL pontífice desea así afirmar el principio de igualdad ante la justicia vaticana de todos los miembros de la Iglesia. (Foto: AFP)

EL pontífice desea así afirmar el principio de igualdad ante la justicia vaticana de todos los miembros de la Iglesia. (Foto: AFP)

Con esta modificación, el papa Francisco desea desea afirmar el principio de igualdad ante la justicia vaticana de todos los miembros de la Iglesia sin privilegios.

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El papa Francisco dio el viernes un paso decisivo para hacer más creíble al tribunal penal del Estado de la Ciudad del Vaticano: obispos y cardenales, hasta ahora ultra protegidos, podrán ser convocados y condenados por esa instancia.

Esta mini-revolución del sistema penal de este tribunal del Vaticano, donde ofician magistrados laicos italianos, y no sacerdotes fue anunciada en un texto firmado el viernes por el papa, y que entra en vigor el 1 de mayo.

Hasta ahora cardenales y obispos comparecían ante el Tribunal de Casación presidido por un cardenal, ahora en cambio se someterán en primera instancia al Tribunal, como todos, aunque para juzgarlos seguirá siendo necesaria la autorización previa del papa.

Igualdad ante la justicia

EL pontífice desea así afirmar el principio de igualdad ante la justicia vaticana de todos los miembros de la Iglesia, "sin privilegios que datan del pasado", según se lee en esta iniciativa del papa, llamada un  "motu proprio".

Este tribunal de primera instancia era muy criticado por no poder convocar a los más altos prelados de la Iglesia.

Este importante cambio se produce mientras se perfilan varios procesos penales importantes en los próximos meses, que implica a cardenales y obispos que trabajaron en la Secretaria de Estado (gobierno del Vaticano). Por primera vez podrán ser interrogados por jueces laicos del tribunal penal.

Está en curso una compleja investigación sobre financiación opaca, a través de empresarios italianos, de un edificio de lujo en Londres, con el aval de la Secretaría de Estado.

La investigación debe determinar si los altos prelados cometieron errores de juicio o eventualmente incurrieron en corrupción.

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