La salida de Consuelo Porras del MP abrió un nuevo escenario político para el Ejecutivo.
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Analistas políticos consideran que, con la exfiscal general fuera del tablero, el Gobierno de Bernardo Arévalo ya no puede atribuir al Ministerio Público (MP) los obstáculos que él mismo señala frenaban el trabajo de su gestión.
Los expertos coincidieron en que el relevo en el MP amplía el margen de maniobra política del Gobierno, aunque también advirtieron que persisten estructuras y actores vinculados a la administración anterior.
Además, destacaron que el oficialismo continúa mostrando limitaciones para construir acuerdos políticos y ejercer cabildeo en el Congreso, por lo cual el mandatario no debería bajar la guardia en este nuevo escenario.
El analista político Renzo Rosal señaló que, durante distintos momentos de la actual administración, tanto el presidente como funcionarios del Ejecutivo expusieron públicamente que la gestión de la exfiscal general representaba "una piedra en el zapato" para el Gobierno.
Explicó que el MP encabezado por Porras era percibido como un obstáculo que incluso intimidaba a funcionarios públicos y ralentizaba la ejecución de políticas y proyectos.
A criterio del politólogo, ahora que ese factor desapareció, el Ejecutivo enfrenta un periodo decisivo, especialmente porque considera que 2026 es el último año plenamente funcional de Gobierno antes de que el contexto electoral de 2027 condicione la dinámica política nacional.
"Ya no está este factor y por lo tanto sí implica que este segundo semestre de 2026 y los primeros dos meses de 2027 tienen que ser de una mayor efectividad en la gestión pública", afirmó el especialista.
Agregó que, independientemente de si el Gobierno utilizó o no al MP como una "excusa real", la salida de Porras elimina uno de los principales elementos de presión sobre el Ejecutivo.
"Sin ese factor, pues ahora sí me parece claro que no hay excusa para no acelerar el paso", enfatizó el analista.
Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), consideró que el relevo en el MP representa la salida de un "condicionante" que acompañó al presidente desde antes de asumir el cargo.
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Según el experto, el cambio otorga al Ejecutivo "un espacio de maniobra política un poco más ancho" y una mayor libertad para enfocarse en las responsabilidades propias del Gobierno.
No obstante, también advirtió que el oficialismo mantiene debilidades importantes en su capacidad de negociación política y construcción de alianzas dentro del Legislativo.
"El Ejecutivo, lamentablemente, es un organismo que carece de gestores políticos que le puedan garantizar ciertos espacios de cabildeo político en el Legislativo", afirmó el director del Incep.
Como ejemplo, mencionó que iniciativas impulsadas por el Gobierno, como la Ley contra el Lavado de Dinero, con dificultad logró consolidar apoyos suficientes en el Congreso pese a haber sido presentad desde el año pasado.
Para el politólogo, aunque la salida de Porras elimina una presión constante sobre el Ejecutivo, eso no garantiza automáticamente que el Gobierno tenga la fuerza política necesaria para concretar reformas o impulsar acuerdos trascendentales.
"Es un Gobierno que, nos guste o no nos guste, es demasiado corto o limitado en su capacidad de gestión y de construcción de acuerdos políticos trascendentales para Guatemala", sostuvo el especialista.
Mientras tanto, el experto en temas políticos Marco Antonio Barahona llamó a no considerar que la coyuntura haya cambiado completamente tras la salida de la exfiscal general.
Recordó que gran parte de la estructura que operó durante la administración de Porras continúa vigente dentro del MP y del sistema de justicia.
"Aún no se sabe qué va a pasar con todo ese equipo de fiscales", indicó el politólogo, al señalar que también debe observarse qué ocurrirá con jueces y redes de interés que, según dijo, "estuvieron vinculadas a determinados grupos de poder".
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Además, dijo que todavía existen procesos judiciales pendientes y decisiones clave de la Corte de Constitucionalidad que podrían influir en el escenario político y judicial del país. "El Ejecutivo aún no puede cantar victoria", manifestó el especialista.
También mencionó que siguen pendientes casos considerados polémicos, como el proceso contra dirigentes indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán, y sostuvo que "todos los eslabones de la cadena del pacto de corruptos aún están vigentes".
Consultado sobre los análisis que señalan que el Gobierno se quedó sin excusas para no acelerar su gestión tras la salida de Porras, el presidente Bernardo Arévalo defendió que la administración enfrentó un constante acoso por parte del MP.
Asimismo, el mandatario aseguró que ahora el Ejecutivo podrá concentrarse plenamente en la ejecución de proyectos y resultados.
"Ahora pues no vamos a tener que estar distraídos esperando que vengan con los casos falsos y espurios con los que andaban cada martes y cada jueves persiguiendo a un ministerio", expresó el gobernante.
Arévalo afirmó que su administración intensificará el trabajo en áreas como salud, educación, vivienda, becas, créditos y caminos.
"Ahora ya no vamos a tener la distracción que causaba el acoso de un MP que estaba tratando de distraer y de meter obstáculos de cualquier tipo y eso nos va a permitir entregar más y mejores resultados para la población", indicó el presidente.
