Producto del descontento generado por las acciones del MP en el marco del proceso electoral, las protestas en contra la fiscal general se han incrementado y autoridades indígenas anunciaron posibles medidas.
EN CONTEXTO: 48 Cantones protestan y exigen la renuncia de Consuelo Porras
Varios municipios, principalmente cabeceras departamentales, son escenario de manifestaciones contra la Fiscal General, Consuelo Porras, este lunes 4 de septiembre.
Autoridades indígenas de Los 48 Cantones de Totonicapán convocaron a protestas para solicitar la renuncia de la jefa del Ministerio Público (MP). En la cabecera de Totonicapán se desarrolla uno de estos plantones y fue ahí donde se anunciaron posibles medidas, si Porras no deja el cargo.
"No queremos paralizar el país, pero, si fuese necesario, lo vamos a hacer", dijo uno de los líderes de esa entidad, durante su intervención en la actividad que se lleva a cabo en la sede del MP de ese municipio.
Los manifestantes han externado su inconformidad con las acciones que ha emprendido el ente investigador en el marco del proceso electoral. Por ello, también exigen la dimisión del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.
Además, se han pronunciado en contra del juez que ordenó la suspensión de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla, Fredy Orellana.
Autoridades de Los 48 Cantones de Totonicapán indican que tomarán medidas, si la fiscal general no renuncia pic.twitter.com/MwKY67wLXy
Descarta renuncia
Respecto de la jornada de protestas que se desarrolla este día, el MP indicó que "se respeta el derecho de petición de los ciudadanos", y descartó que la fiscal general deje su puesto. "Existen los mecanismos legales ya establecidos para dicha circunstancia", informó el departamento de Comunicación.
Asimismo, recordó que Porras fue reelecta en el cargo luego de someterse al proceso correspondiente ante una comisión de postulación, "como lo establece la ley, y obtuvo la mejor calificación en todos los aspectos académicos, profesionales y éticos evaluados, demostrando así que cumple con todos los requisitos constitucionales".
En su pronunciamiento, el ente investigador destaca que todas sus acciones "se han desarrollado en estricto apego y cumplimiento a su mandato constitucional, atendiendo denuncias ciudadanas, sin escatimar esfuerzos para garantizar una respuesta oportuna a las víctimas de delitos".
Esto "brinda certeza al pueblo de Guatemala que todas las denuncias son investigadas de forma objetiva, imparcial y técnica", aseguró.
