Un abogado fue destituido de la PGN por "perder" Q21 millones en la reparación digna del caso Libramiento de Chimaltenango.
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Otto Alvarado, el abogado que representaba a la Procuraduría General de la Nación en el caso Libramiento de Chimaltenango, fue destituido.
Según anunció el Gobierno, el abogado habría incurrido en faltas y errores durante una audiencia, la jueza rechazó que la reparación digna en el caso Libramiento de Chimaltenango fuera de Q21 millones.
El abogado confirmó que su contrato fue rescindido el lunes 5 de agosto, tras el anuncio del presidente Bernardo Arévalo.
Esto pasó
Según el mandatario, el titular de la PGN, Julio Saavedra, dio la orden para que el Estado reclamara los 21 millones de quetzales, pero el abogado incumplió con esa petición.
"Será destituida la persona responsable de no haber hecho la gestión que se le había ordenado. El procurador General de la Nación dio la instrucción para que la demanda del Estado fuera por los 21 millones de quetzales y existe la documentación", manifestó Arévalo.
El Presidente explicó en conferencia de prensa que, pese a esta instrucción, "en el proceso esta instrucción no se cumplió por el abogado que estaba representando a la PGN. Sobre esta persona pesará una destitución, más las denuncias correspondientes, por incurrir en hacerlo".
"Hay evidencia escrita de que la instrucción era distinta a la que él (el abogado que será destituido) ejecutó", manifestó Arévalo.
¿Qué ocurrió?
El recién pasado 31 de julio, el Juzgado de Mayor Riesgo A rechazó la petición de la PGN para el pago de reparación digna solicitado en contra de los representantes legales de las sociedades anónimas Constructora Nacional (Conasa) y Renova Ingenieros, luego de que ambos se declararan culpables de fraude para obtener la contratación de la construcción del proyecto Libramiento de Chimaltenango.
En ese momento, la PGN solicitó que Jorge Tejada, representante de Conasa, pagara 4 millones de quetzales, mientras a Carlos Figueroa, representante de Renova, les exigieron 15 millones.
Sin embargo, la documentación y las actas para exigir la reparación digna no fueron incluidas en el informe presentado al juzgado.
"El abogado (de la PGN) se concretó a leer el oficio; no revisó que los documentos venían incompletos. ¿Dónde está el informe que debió presentar de la ingeniera de la Supervisión de Construcciones de la Dirección General de Caminos (DGC)?", dijo la jueza Claudette Domínguez, durante la audiencia de reparación digna.
Además, indicó que el oficio detallaba que contenía tres folios y cuatro folders, pero esos documentos no estaban entre lo entregado a la juzgadora. "No puedo resolver como juez con base a conjeturas, a suposiciones de la PGN, tiene que acreditar", sentenció.
Al final, ambos representantes legales únicamente deberán desembolsar 350 mil quetzales, luego de aceptar los cargos de fraude.
