El Congreso buscaba la opinión de la CC antes de aprobar el proyecto de ley que propone una amnistía para delitos cometidos durante el conflicto interno.
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Más de dos semanas después de que el Congreso haya informado que consultaría con la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre la iniciativa de ley para el fortalecimiento de la paz, los magistrados de ese tribunal rechazaron la solicitud.
En su sesión plenaria del lunes 16 de octubre, los togados resolvieron que no pueden emitir la opinión consultiva que requirió la presidenta del Legislativo, Shirley Rivera, porque no cumple con los presupuestos necesarios, establecidos en el artículo 172 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
La citada norma indica que el memorial correspondiente deberá formularse en términos precisos y expresar las razones que la motivan. Además, debe contener las preguntas específicas sometidas a la consideración de la CC.
"A la solicitud deberá acompañarse todos los documentos que puedan arrojar luz sobre la cuestión", también indica la normativa.
En su resolución, los magistrados se refieren a un precedente sentado en 2010, el cual establece que la opinión deberá emitirse "ante la inminente vigencia de la norma".
En ese marco, cabe resaltar que la iniciativa, que propone una amnistía para los delitos cometidos durante el conflicto armado interno, solo ha avanzado en su primera lectura.
Si los legisladores requieran nuevamente la opinión de la Corte sobre esta propuesta, tendrían que hacerlo cuando haya avanzado el proceso para su aprobación. También podrían no consultar.
De ser así, quedaría a consideración de los sectores que se oponen o tienen dudas sobre la iniciativa plantear acciones de inconstitucionalidad o las que crean convenientes.
Acerca del proyecto
El citado proyecto de ley está identificado por la Dirección Legislativa del Congreso con la nomenclatura 6099 y, desde que fue presentado, fue blanco de críticas por diversos sectores de la población.
Un grupo de diputados, aliados del oficialismo, impulsa su aprobación para que se conceda perdón o absolución a quienes hayan cometido o estuvieren involucrados en crímenes durante el conflicto armado interno.
De manera resumida, la propuesta incluye los siguientes aspectos:
- Amnistía para miembros del Ejército y la guerrilla
- Anulación de condenas para quienes hayan ido a juicio o ligados a proceso penal
- Sanciones para jueces y fiscales que retrasen la aplicación de los mencionados beneficios
- Ninguna persona podría pedir resarcimiento por los hechos suscitados durante la guerra interna
En la exposición de motivos del proyecto, se indica que el objetivo es lograr una aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional ajustada a lo que norma la Constitución Política de la República.
La iniciativa fue planteada en junio de 2022 por un grupo de diputados, entre quienes figuran Javier Hernández, Manuel Conde Orellana, Álvaro Arzú Escobar y Boris España, aliados del partido oficial.
