¡Cifra sorprendente! Abundan denuncias en el MP por el proceso electoral

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¿Cuántas denuncias se han presentado durante el desarrollo de las Elecciones Generales 2023? El MP dio a conocer el dato.

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Esta semana trascendió que distintas fiscalías del Ministerio Público (MP) investigan a por lo menos seis partidos políticos, además del Movimiento Semilla y Cabal, por supuestas irregularidades en el marco del proceso electoral 2023.

A esto se suman 71 denuncias planteadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que también involucran a varias organizaciones, y otros casos que están relacionados con temas como los resultados de la primera y segunda vuelta.

Sin embargo, las denuncias recibidas por el ente investigador por supuestas anomalías en las elecciones y el actuar de diferentes autoridades superan por mucho las citadas cantidades. El departamento de Comunicación de la institución que lidera la fiscal general, Consuelo Porras, brindó información al respecto.

"El Ministerio Público recibió más de mil denuncias derivado del proceso electoral 2023, entre ellas algunas presentadas por el Tribunal Supremo Electoral", se dio a conocer.

Partidos políticos, exmiembros de comités ejecutivos, organizaciones sociales y personas civiles figuran entre quienes han planteado medidas legales y piden investigar diversos extremos.

Cabe destacar que, producto de ello, se han presentado solicitudes de retiro de antejuicio, ejecutado allanamientos y secuestrado documentos de distinta índole, por mencionar algunas acciones. Entre las fiscalías que llevan a cabo pesquisas figuran las siguientes:

• Especial contra la Impunidad 
• contra Delitos Electorales
• de Delitos Administrativos

Algunos casos

El caso más mediático y por el cual se han efectuado más diligencias es el que lleva la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) contra el partido Movimiento Semilla. Tras una solicitud de esa dependencia, el 12 de julio el Juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de su personería jurídica.

Desde esa fecha, se han puesto en marcha diferentes medidas, tanto por parte del ente investigador como de los miembros de la organización política y hasta del TSE. También han accionado organizaciones y abogados que consideran irregulares los planteamientos del MP.

Antes de que se celebrara la primera vuelta, una denuncia por presuntas anomalías en Prosperidad Ciudadana impidió la participación de todos sus candidatos en las votaciones, incluido su presidenciable, Carlos Pineda.

Más recientemente, se conoció sobre otro caso contra Cabal, por el cual se citó a declarar a 27 personas. Un exintegrante de su comité ejecutivo fue quien denunció ilegalidades en su asamblea de formación.

Otros partidos que serían objeto de indagaciones y por cuyos avances solicitó información el TSE son:

• Cambio
• Unión Republicana
• Winaq, Mi Familia
• Visión con Valores (Viva)
• Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS)

Sin embargo, no todas las investigaciones que están en desarrollo están vinculadas con organizaciones políticas. Hasta ahora, se han hecho públicas pesquisas por la contratación y uso del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

También se ha informado sobre pesquisas contra actores del proceso electoral, como magistrados del TSE, jefe del Registro de Ciudadanos, digitadores, coordinadores de centros de votación e integrantes de juntas electorales departamentales y municipales.

¿Judicialización del proceso electoral?

Tales hechos han despertado críticas contra el MP tanto a nivel nacional como internacional. Incluso, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha sancionado a fiscales que considera han cometido acciones irregulares en este proceso. 

En la denominada Lista Engel, que incluye a personas que, según esa nación, han incurrido en corrupción, aparecen la fiscal general, Consuelo Porras; el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche; y la ahora fiscal regional, Cinthia Monterroso.

Esa dependencia del Gobierno de EE.UU. y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como el Parlamento Europeo, han señalado que se está "judicializando el proceso electoral", lo cual, a su criterio, amenaza la democracia del país.

Todos se han pronunciado a lo largo de las fases que incluyen las elecciones y han instado al ente investigador a dar marcha atrás a sus acciones. Sin embargo, este ha argumentado que está cumpliendo con su mandato constitucional al investigar los hechos denunciados.