El presupuesto de los candados

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¿Qué implicaciones tendría para el próximo gobierno contar con un presupuesto con los candados que aprobó el Congreso? Soy502 te explica.

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Poco antes de la medianoche, en la fecha límite para el efecto, el Congreso de la República aprobó el pasado 30 de noviembre un presupuesto que alcanza casi los Q124,880 millones.

El techo de gastos es mayor al de este año y menor por unos Q2,000 millones a lo que requirió el gobierno electo para su primer año de gestión, pero ese no es el problema.

Las condiciones en que se tendría que ejecutar el monto es lo que pondría en jaque a las nuevas autoridades, ya que no solo no se tomó en cuenta ninguna de sus solicitudes, sino que, además, se establecieron diversas restricciones para la inversión y readecuación de fondos. Acá hacemos un repaso por algunas de ellas:

1. Más de 400 obras aseguradas

Con una asignación de Q8,806.39 millones, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) se posiciona como la tercera cartera con más recursos disponibles en 2024. Sin embargo, el próximo gobierno no podría hacer uso de ese dinero a su consideración.

Hay Q2,566.39 millones atados al pago de proyectos de infraestructura, que diversos sectores han calificado como opacos, antitécnicos y con requisitos inconclusos. 

Se trata de más de 400 reparaciones y rehabilitación de carreteras, construcción nuevos tramos y puentes, así como mejoras en aeropuertos, pero sin tomar en cuenta áreas que han sido severamente afectadas por desastres naturales o que, simplemente, benefician a determinados actores.

Así lo han denunciado las autoridades electas y gremios como el de los transportistas, entre otros entes empresariales. 

La situación con esta normativa es que no solo fija los montos a designar para las obras, sino que establece una prohibición para hacer cualquier tipo de cambio o disminución en lo aprobado.

2. Un incremento que no se puede tocar

Otro de los candados impuestos en la Ley del Presupuesto para 2024 es el que impide que se reduzcan los fondos que se asignaron al Ministerio Público (MP), el cual contaría con Q3,663.22 millones.

La cifra es superior en Q370 millones a lo que proponía originalmente la administración de Alejandro Giammattei y, mediante una enmienda al artículo 121, los diputados lograron impedir que esos fondos bajen.

La normativa asegura los recursos para la entidad a cargo de Consuelo Porras, pese a que se redujeron montos importantes a carteras como Salud, Gobernación, Agricultura y Desarrollo Social.

3. Permiso para colocar bonos

Una restricción más se establece en el artículo 56, el cual se refiere a los bonos del Tesoro que podría colocar en el mercado el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y que ascienden a Q10,587 millones.

Se trata de recursos con los cuales se buscaría financiar los casi Q124,880 millones que se asignarían para el funcionamiento de las instituciones del Estado.

Sin embargo, hay un aspecto que dejaría al Ejecutivo atado a la voluntad del Congreso. En uno de los párrafos de ese apartado, se indica que el Minfin tendría que gestionar una segunda aprobación en el Legislativo cada vez que negocie y coloque bonos del Tesoro.

El presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Cándido Leal, aseguró que no hubo mala voluntad al incluir ese aspecto en el presupuesto; de hecho, remarcó que fue disposición del Ejecutivo y no de esa sala legislativa.

4. Restricciones para el pago de pauta

Otro de los candados establecidos por el Legislativo afecta a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, que solo podría pautar en medios de comunicación con cobertura nacional y gratuita.

Esta es una decisión que ha recibido múltiples críticas pues asegura que empresas allegadas a la actual administración sigan recibiendo fondos del Estado. La restricción alcanza a la subcontratación de terceros para la prestación de servicios.

5. Sin flexibilidad para readecuaciones 

Para finalizar, en diversos apartados de la Ley del presupuesto se condiciona la readecuación y otorgamiento de fondos a proyectos y programas específicos.

Esto obligaría al Minfin a hacer movimientos solo para cubrir los temas que priorizaron los diputados, restando flexibilidad para las ejecuciones que las nuevas autoridades consideren necesarias.

Por poner un ejemplo, la cartera del Tesoro tendría que hacer ajustes para asegurar que el Ministerio de la Defensa pueda adquirir equipo para la Unidad de Dragado de la Marina de la Defensa Nacional.

A los mencionados aspectos, se suma una reducción de Q500 millones a la asignación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Crece rechazo

Una de las entidades que ha alertado sobre la implicación de estos candados para el funcionamiento del Estado el próximo año es la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham).

El ente empresarial se ha unido a las voces que urgen al presidente Alejandro Giammattei vetar la ley, pues, según su análisis, carece de calidad técnica, limita la capacidad de acción del próximo gobierno y pone en riesgo el cumplimiento de obligaciones financieras.

En una línea similar se pronunció la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, mientras que la Coordinadora Nacional de Transportes se centró en la incapacidad en que se dejaría al Ejecutivo para desarrollar obras de infraestructura prioritarias.

A estos temas se refirió, además, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y agregó la opacidad que se percibe al haber asignado fondos a más de 100 oenegés, pese a que algunas son de reciente creación.

Instancias, como el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) han hecho análisis sobre lo avalado y también han evidenciado una falta de criterios técnicos por parte de los diputados, así como el impacto para el plan de gobierno de las nuevas autoridades.

Por su parte, organizaciones indígenas presentaron una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC), en busca de que el Presupuesto 2024 no cobre vigencia.

El gobierno electo, encabezado por Bernardo Arévalo, se opuso desde el principio a que este se aprobara e hizo público un llamado a Giammattei para que vete la norma, ya que "dista mucho" del que su administración envío al Congreso, a principios de septiembre.

Más recientemente, el presidente electo convocó a una marcha pacífica para este jueves 7 de noviembre, para pronunciarse sobre este y otros temas, que, a su criterio, afectan la democracia el país.