¿Estarías dispuesto a trabajar y que te paguen solo por las horas que laboraste? Esta es la nueva propuesta que divide a los empresarios y sindicalistas, pues los primeros aseguran que habrá más empleos y los segundos que se afectarán los derechos de los trabajadores.
Durante las primeras sesiones del año, el Congreso de la República aprobó el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual el país ratificó hace más de 20 años sobre laborar a tiempo parcial.
La decisión suscitó bastante polémica entre el sector empleador y contratado, quienes tienen posturas enfrentadas sobre cómo afectará a la economía de Guatemala.
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La medida entra en vigor en marzo de 2018 y aún las partes no se han puesto de acuerdo sobre si es necesario crear un reglamento, iniciativa o alguna modificación al Código de Trabajo.
“Hay como una pequeña nebulosa en el camino”, definió Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo realiza las reuniones tripartitas de forma periódica con el fin de alcanzar un consenso. No obstante, aún no hay una fecha establecida para realizar una propuesta al Congreso.
La versión empresarial
La perspectiva del sector privado es que no es necesario crear un reglamento específico porque el convenio ya dictamina los pasos, según explicó Zepeda.
“No solo se va a poder emplear por horas, sino que los trabajadores van a tener las prestaciones y requisitos que dicta la ley”, argumentó.
Además defendió que con esta medida la empresa pagará “por las horas trabajadas” y criticó que ahora el trabajo parcial sale caro al empleador porque tienen que pagar la jornada completa. “Esto genera mucho empleo informal”, añadió.
Zepeda explicó que desde el punto de vista empresarial habría que modificar algunos aspectos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que el mayor beneficio de esta medida es que se vendrá a mejorar “la calidad del empleo y la de la mano de obra”.
La versión social
El analista en el área laboral, Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales pronosticó alguna denuncia ante la Corte de Constitucionalidad porque podría vulnerar varios incisos del artículo 102 sobre los derechos sociales cuando entre en vigor la medida.
“Beneficia más a los empleadores y precariza el trabajo con menos derechos y menos ingresos”, argumentó.
Según Linares, el Convenio 175 no aumentará las oportunidades de empleo, sino el número de personas insatisfechas con su trabajo.
“Si el salario mínimo ya no cubre las necesidades de la canasta básica, menos lo va a cubrir la mitad de ese salario”, defendió.
Cuando se le cuestionó sobre por qué se ratificó el convenio, Linares respondió que “el sector privado lo impuso y el Gobierno aceptó”.
Sin postura de PDH
Por su parte, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) todavía no tiene definida una postura sobre este tema.
No obstante, fuentes internas confirmaron que están trabajando en el análisis y que lo compartirán cuando esté consolidado.
