EE. UU. y UE condenan acciones contra exmiembros de la CICIG

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Estados Unidos y la Unión Europea han reaccionado tras los operativos del Ministerio Público (MP) en contra de los exmandatarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

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El pasado jueves 10 de febrero la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP realizó un operativo para capturar a Leily Indira Santizo Rodas. Tras este suceso, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala y la Unión Europea han publicado mensajes de rechazo en sus redes sociales por las acciones del MP.

"Acciones como estas, de la fiscal general, son inútiles e inaceptables. El Estado de derecho debe ser defendido por nuestros socios y vecinos para asegurar la seguridad, protección y prosperidad para todos nosotros", puntualiza la embajada replicando un mensaje del Departamento de Estado de su país.

Asimismo, fue publicado el mensaje del subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, EE. UU., Brian A. Nichols, el cual dice: "Las acciones del 10 de febrero de la fiscal general de Guatemala contra fiscales anticorrupción actuales y antiguos continúan un patrón de intimidación y venganza contra personas responsables de combatir la impunidad. Estas acciones preocupantes socavan el Estado de derecho".

Por su parte, la Unión Europea emitió un comunicado donde expresa su "profunda preocupación por el continuo deterioro del Estado de derecho en Guatemala, en el que la Corte Suprema de Justicia y la fiscal general han iniciado acciones legales en contra de jueces, abogados y fiscales independientes, resultando en arrestos y pérdida de inmunidad judicial".

"También notamos que estas acciones fueron precedidas por una larga campaña en redes sociales que incluye intimidación y amenazas, especialmente en contra de personas que conformaron el equipo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y de la Comisión International Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)", se lee en el comunicado.

La UE hace un llamado a las autoridades a que garanticen la seguridad de las personas en detención y a que salvaguarden su derecho al debido proceso. Además advierte que va a monitorear de cerca la situación y continuará trabajando con sus socios internacionales para hacer valer el respeto al Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos en Guatemala.