El presidente Bernardo Arévalo se pronunció respecto a la anulación del contrato entre EPQ y AMP Terminals.
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Garantizar las operaciones portuarias es el principal objetivo del Ejecutivo, luego que una sala suspendiera en definitiva la concesión entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y APM Terminals.
La dificultad se sustenta, debido a que la filial de Maersk Group recibe en este momento más del 60 % de los contenedores que ingresan a Puerto Quetzal, ya que EPQ sólo tiene la capacidad de atender no más de 150 mil al año.
Con la anulación del contrato por parte de la Sala Quinta del Tribual de lo Contencioso Administrativo, que dejó en firme una sentencia de 2017 la situación se complicó, pues APM Terminals ya no podrá seguir operando en el puerto.
Al respecto el presidente Bernardo Arévalo aseguró que desde hace varios días han sostenido reuniones con la empresa, con el sector privado y con diputados en el Congreso para buscar una solución que "no interrumpa el tráfico de mercancías en Puerto Quetzal".
"Estamos preparando la respuesta que va a permitir que se resuelva el problema sin que haya una interrupción del tráfico comercial", manifestó.
El presidente @BArevalodeLeon aseguró que han trabajado con @APMTerminalsQTZ, el sector privado y el @CongresoGuate para dar una respuesta que no interrumpa el tráfico de mercancías en el Puerto Quetzal, ello después de que una sala anulara en definitiva una concesión de 25 años pic.twitter.com/OeuEeMlKy3
Arévalo fue entrevistado durante una visita que realizó a la zona del socavamiento en la Autopista Palín-Escuintla, donde aseguró que no podía dar más detalles acerca de las acciones que se tomarían en el caso de AMP Terminals, sin embargo, esta situación provocó que él ya no realizara una gira por Europa, como lo tenía contemplado desde la semana pasada.
El caso
El problema entre APM Terminals y EPQ inició en 2016, luego que la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), en ese entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval; revelaron que el contrato se logró, luego que una red de corrupción dirigida por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti cobrara en sobornos más de 30 millones de dólares (Q236.6 millones).
Aunque el contrato fue anulado en 2017, una serie de acciones legales retrasaron la ejecución de la sentencia, por lo que APM Terminals construyó la terminal de contenedores y comenzó a operar adquiriendo más de 60 % de las operaciones portuarias.
El fallo quedó en firme el pasado 11 de junio, luego que la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolviera la anulación absoluta del contrato, tras agotarse todas las acciones legales pendientes.
