El Estado de Guatemala fue notificado de un fallo a su favor ante el CIADI y se evitó pagar casi US$500 millones.
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La Procuraduría General de la Nación (PGN) dio a conocer que fue notificada de un fallo a favor del Estado de Guatemala en un caso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Según se dio a conocer, se trata de un caso promovido por Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday & Associates, quienes exigían que Guatemala pagara US$499 millones, relacionado con los proyectos mineros Progreso VII Derivada y Santa Margarita, ubicados entre los límites de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, del departamento de Guatemala, confirmó la PGN.
El problema se originó luego de que comunidades indígenas de la zona interpusieran un recurso de amparo en contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM) por haber emitido una licencia de explotación sin agotar el proceso de consulta solicitado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Al respecto, la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó que el Gobierno debió haber llevado a cabo dicha consulta y la ordenó en una sentencia de amparo, además, por medio de una resolución provisional, ordenó que las actividades se detuvieran en tanto el MEM no cumpliera con dicho veredicto.
Mientras tanto, la empresa inició la demanda ante un tribunal internacional alegando que el Estado no tenía la facultad de implementar dicha consulta, situación que les habría damnificado, ya que habían cumplido con todos los requisitos procesales.
Sin embargo, las autoridades de dicho ministerio, entre 2021 y 2022, expusieron que estaba pendiente el cumplimiento de estándares internacionales, situación que fue analizada por el tribunal para resolver a favor del Estado de Guatemala.
#ComunicadoPGN| Guatemala gana arbitraje de inversión internacional. Este resultado es un hecho histórico para el país y reafirma el compromiso institucional en defender los intereses del Estado. ✅ pic.twitter.com/OwEfKcISli
En ese entonces, el testigo delegado por el Estado fue el exviceministro de Desarrollo Sostenible del MEM, Óscar Pérez, quien compareció y explicó que la postura fue: "que sí existía la capacidad (en aquel momento) y que, de hecho, hubo avances muy significativos en casos emblemáticos como Escobal, Fénix y que también se estaba avanzando en el caso de Progreso VII Derivada", indicó Pérez.
Agregó que las actividades y esfuerzos del Estado de Guatemala fueron puestos sobre la mesa, como evidencia de la capacidad que (en aquel momento) se tenía para avanzar en esos temas".
Para finalizar, Pérez adelantó que se indicó también que con base en estándares internacionales privados, la empresa debió haber hecho esfuerzos mayores a los que hizo.
