La gravedad del caso aumenta debido a la relación directa con una organización considerada terrorista por el gobierno estadounidense.
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En una operación federal de gran escala, las autoridades de Estados Unidos intervino bienes y vehículos relacionados con una red que presuntamente brindaba financiamiento al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Esta investigación forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Estados Unidos que busca desarticular las redes económicas que sustentan a los cárteles, enfocándose no solo en sus miembros directos, sino también en empresarios y colaboradores que operan desde sectores legales.

El operativo nombrado Liquid Death, incluyó la incautación de barcazas, camiones cisterna y propiedades ligadas a la empresa Arroyo Terminals, ubicada en Texas.
Según las investigaciones estas empresas facilitaban recursos financieros para el CJNG lo que implicaba también posibles delitos por lavado de dinero.

Las acciones legales han derivado en acusaciones formales contra dos miembros de una misma familia, Maxwell y James Jensen residentes de Utah, quienes habrían estado al frente de las operaciones de la empresa Arroyo Terminals.
Según la Fiscalía, los acusados habrían ingresado de forma ilegal miles de cargamentos de crudo (petróleo sin refinar extraído de los yacimientos) al país, violando regulaciones aduaneras y usando su empresa como fachada para ocultar la verdadera naturaleza de sus ingresos.

La acusación señala que los implicados no solo facilitaron recursos al cártel, sino que también intentaron encubrir el origen ilícito de esos fondos, violando leyes federales relacionadas con contrabando y lavado de activos.
La Fiscalía del Distrito Sur de Texas ha acusado a los Jensen de facilitar el ingreso ilegal de petróleo, lo que habría generado grandes ganancias para el CJNG.
En caso de ser declarados culpables, podrían enfrentar una multa de hasta 300 millones de dólares.