Experta señala que no basta con aprobar una normativa, sino que en serio fortalezca al país en lucha contra el lavado de dinero.
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La posibilidad de que Guatemala sea incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) podría tener consecuencias "catastróficas" para la economía nacional y tomar hasta ocho años para revertirse.
Este es el análisis hecho por según advirtió Susan Rojas, exintendente de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), fundadora de Evalua Compliance y catedrática de la Escuela Bancaria de Guatemala.
La especialista alertó que el país se encuentra al límite para aprobar la normativa relacionada con prevención de lavado de dinero y financiamiento ilícito, debido a que aún sería necesario desarrollar el reglamento y ejecutar procesos de implementación antes de la próxima evaluación internacional.
Rojas recordó que Guatemala ya enfrentó una situación similar a inicios del 2000, cuando fue incluida en una lista negra de países no cooperantes, lo que provocó el cierre de operaciones internacionales, dificultades con bancos corresponsales y un fuerte impacto económico.
Explicó que en esa ocasión el país tardó cerca de cuatro años en salir de aquella clasificación.
"Fue catastrófico, tuvimos que cerrar muchas operaciones. Varios bancos corresponsales empezaron a tratar de cerrar cuentas de bancos guatemaltecos y muchos negocios internacionales ya no se daban", afirmó la especialista.
La experta señaló que actualmente Guatemala cuenta con controles regulatorios y normativa prudencial emitida por la Superintendencia de Bancos, pero considera indispensable aprobar una ley que otorgue sustento jurídico a esas prácticas para cumplir con los estándares internacionales exigidos por el GAFI.
Según Rojas, ingresar a una lista gris o ser catalogado como país no cooperante afectaría directamente la llegada de inversión extranjera, las transferencias internacionales y las oportunidades de empleo.
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También advirtió que las remesas podrían enfrentar mayores restricciones y costos de transferencia.
"Menos trabajo, menos oportunidades y más costo de transferencia", resumió la especialista al describir los efectos económicos que podría sufrir el país.
Destacó que otros países de la región han enfrentado procesos prolongados para salir de observaciones internacionales. Citó el caso de Panamá, que permaneció más de ocho años bajo seguimiento intensificado mientras intentaba demostrar mejoras en sus mecanismos de control financiero.
"Imagínense nosotros pasar ocho años reduciendo nuestras capacidades para poder recibir inversión extranjera", señaló Rojas.
Explicó que aunque todavía existe margen para aprobar la ley y emitir el reglamento correspondiente, el tiempo es cada vez más reducido.
Indicó que normalmente un reglamento puede tardar entre seis meses y un año, aunque afirmó que la Superintendencia de Bancos y la IVE han avanzado en un borrador para acelerar el proceso.
Sin embargo, advirtió que la entrada en vigencia de la ley también requiere un plazo adicional, lo que dejaría poco tiempo para que las instituciones y sectores obligados implementen los controles antes de la revisión internacional.
"Estamos a ras", afirmó la especialista, al indicar que, si la normativa no se aprueba de inmediato, el país llegaría debilitado a la evaluación internacional.
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La exintendente también alertó sobre el riesgo de aprobar una ley que debilite los mecanismos actuales.
Señaló que no basta con aprobar cualquier normativa, sino que esta debe responder a los criterios técnicos internacionales para evitar que Guatemala pierda capacidades en detección y prevención de lavado de dinero.
Asimismo, sostuvo que una eventual inclusión en la lista gris afectaría los avances macroeconómicos y financieros alcanzados por Guatemala en los últimos años, incluyendo sus aspiraciones para obtener grado de inversión.
"Hemos trabajado mucho como país para mejorar nuestras condiciones y ser apetecibles para la inversión extranjera", afirmó la experta.
Agregó que si se llega a estar en una lista gris "todo lo que el país ha construido en disciplina y macroeconomía se va a ver realmente diezmado".
Finalmente, hizo un llamado al Congreso de la República para aprobar una legislación efectiva que permita fortalecer los mecanismos de prevención.
Agregó que es la única manera de "evitar que Guatemala enfrente sanciones o restricciones internacionales que puedan afectar el crecimiento económico y las oportunidades para las familias guatemaltecas".
