Las autoridades advierten que retrasar la ley antilavado afectaría directamente la economía de los guatemaltecos.
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La discusión para aprobar la iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, fue discutido este 21 de mayo durante el XXXIII Congreso Regional para la Prevención del Lavado de Dinero y otros Activos para el Financiamiento del Terrorismo (CLADIT 2026).
Durante el encuentro, autoridades nacionales, representantes del sistema financiero y expertos internacionales coincidieron en que retrasar la aprobación de esta normativa podría traer consecuencias directas para la economía del país y para miles de familias guatemaltecas.
El principal mensaje giró en torno a que no aprobar la ley podría afectar "el bolsillo, las oportunidades y la estabilidad económica de los guatemaltecos", especialmente por el riesgo de que Guatemala sea incluida nuevamente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El país deberá enfrentar en febrero de 2027 la quinta ronda de evaluaciones internacionales sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. De no cumplir con las recomendaciones internacionales, Guatemala podría enfrentar mayores controles financieros y restricciones en operaciones internacionales.
Remesas en riesgo
Entre los principales efectos señalados está el posible endurecimiento en el envío y recepción de remesas familiares.
Expertos advirtieron que, sin una legislación actualizada, los bancos corresponsales y organismos internacionales podrían aplicar más verificaciones que aumentaría costos y retrasos en las transferencias hacia Guatemala.
Más trámites
También se mencionó que sectores como importadores y exportadores podrían enfrentar más trámites administrativos, mayores comisiones y procesos financieros más lentos, situación que impactaría en el precio final de productos y servicios para los consumidores.
Las autoridades insistieron en que la normativa no busca perseguir a quienes generan ingresos de manera honrada, ni prohibir el uso de efectivo o crear nuevos mecanismos tributarios.
Indicaron que el objetivo principal es fortalecer las herramientas del Estado para detectar y combatir recursos provenientes de actividades ilícitas como narcotráfico, contrabando, corrupción, trata de personas y otras estructuras criminales.
Amenazas financieras
El presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, aseguró que actualmente el combate al lavado de dinero dejó de ser únicamente un tema regulatorio y pasó a convertirse en un asunto ligado a la estabilidad económica, la confianza internacional y la competitividad del país.
Durante su intervención señaló que las amenazas financieras han evolucionado con el uso de inteligencia artificial, plataformas digitales, criptoactivos y redes internacionales, por lo que consideró necesaria una modernización del sistema legal y financiero guatemalteco.
"Un país que demuestra efectividad en prevención financiera transmite certidumbre, y la certidumbre genera inversión, crecimiento y empleo. Por eso, fortalecer nuestros sistemas antilavado no debe verse como una carga regulatoria, debe verse como una inversión estratégica del país. Las economías que lograrán desarrollarse con mayor rapidez en los próximos años serán aquellas capaces de combinar tres elementos, innovación tecnológica, fortaleza institucional y confianza internacional. Guatemala tiene la oportunidad de avanzar en esa dirección", indicó.
Además, afirmó que fortalecer los sistemas antilavado debe verse como una inversión estratégica para mantener la credibilidad del país ante la comunidad financiera internacional y generar condiciones para atraer inversión y empleo.
Actualizar marco legal
Por su parte, el superintendente de Bancos, Saulo de León Durán, recordó que la actual legislación antilavado tiene alrededor de 25 años de vigencia y considera urgente actualizar el marco legal frente a nuevos riesgos tecnológicos, cibernéticos y financieros.
"Estamos a las puertas de una modernización y una renovación total que nos va a permitir atajar todos los riesgos de prevención del lavado de dinero mezclados con los riesgos tecnológicos, cibernéticos, las criptomonedas y el nuevo orden mundial que se está presentando con un cuerpo legal bastante técnico", expresó.
El funcionario enfatizó que la iniciativa ha sido producto de consensos entre distintos sectores y aseguró que la nueva normativa permitirá fortalecer los mecanismos de prevención y supervisión financiera.
Aprobación de la normativa
Mientras tanto, el presidente del Congreso, Luis Contreras, explicó que la iniciativa continúa en fase de discusión de enmiendas y consensos políticos entre jefes de bloque y sectores involucrados.
Según indicó, existe expectativa de que la ley pueda avanzar en su aprobación final durante las sesiones programadas para el próximo 2 y 3 de junio.
Contreras aseguró que, aunque han existido diferencias y ajustes técnicos dentro del Legislativo, considera que existe disposición entre los diputados para aprobar la normativa.
También afirmó que uno de los principales temores es que Guatemala vuelva a enfrentar restricciones financieras internacionales si no actualiza su legislación.
El presidente del Congreso agregó que la iniciativa incorpora cambios consensuados tras reuniones con la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la Asociación Bancaria de Guatemala y diputados de distintas bancadas.
"Esta ley es jurídicamente mejor, técnicamente mejor elaborada. Vamos a tener una mejor ley. Diputados, no tengamos temores", indicó.
CLADIT 2026 también sirvió como un espacio para discutir los desafíos que enfrenta Guatemala en materia de cumplimiento financiero, transparencia y modernización institucional en medio de un entorno económico cada vez más digitalizado y fiscalizado a nivel internacional.
