Quedaron fuera los cobros que generaron rechazo en los sectores aéreo y exhibidores de Cine, a cambio, establece beneficios fiscales.
CONTEXTO: Congreso dialoga con aerolíneas por impuesto a boletos incluido en Ley de Cine
La Ley de Cine aprobada por el Congreso dejó fuera los cobros de impuestos que en su momento fueron cuestionadnos por el sector de exhibidores de cine y aerolíneas del país.
El Decreto 27-2026 no contempla el impuesto de Q2.00 por cada entrada de cine ni la contribución de un dólar por pasajero extranjero que viaje hacia Guatemala.
En su lugar, la normativa incorpora incentivos fiscales para promover la inversión en producciones cinematográficas nacionales, mediante beneficios con el Impuesto sobre la Renta (ISR).
La discusión sobre los nuevos cobros había generado preocupación entre representantes de las salas de cine y las asociaciones de transporte aéreo.
Los exhibidores advertían que el cargo de Q2.00 podía encarecer las entradas y afectar la competitividad de las salas, mientras que las gremiales aéreas cuestionaban que se utilizara el boleto internacional como fuente de financiamiento para el Instituto Guatemalteco de Cine.
¿Qué incentivos fiscales contempla?
El artículo 28 de Ley de Cine establece un crédito a cuenta del ISR de hasta el 35% para contribuyentes residentes en Guatemala que inviertan en proyectos cinematográficos nacionales certificados.
Este beneficio debe aplicarse en la declaración definitiva anual y respaldarse con documentación autorizada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Asimismo, el artículo 29 contempla la devolución de hasta el 30% de la inversión para productores guatemaltecos que cumplan los requisitos establecidos.
Por su parte, el artículo 31 establece una devolución parcial de hasta el 20% para productores que no sean contribuyentes del ISR en el país.
Además, el artículo 30 permite deducciones tributarias por donaciones y gastos en la industria cinematográfica, conforme a las leyes vigentes.
La normativa también establece mecanismos de control y fiscalización a cargo de la SAT, que podrá revocar beneficios, exigir el pago de impuestos omitidos y aplicar intereses, multas y sanciones cuando corresponda.
