De los 400 contratos que buscaba asegurar la anterior Directiva del Congreso, más de la mitad quedaron fuera.
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Tal como se había anticipado, la Junta Directiva del Congreso resolvió no renovar a más de la mitad de las 400 personas que habían dejado en proceso de contratación las anteriores autoridades.
Durante una conferencia de prensa, se informó que 217 trabajadores que estaban a la espera de firmar su contrato quedarán sin las plazas administrativas que se les había ofrecido en ese organismo.
De acuerdo con el presidente del Legislativo, Nery Ramos, la decisión se tomó debido a que se busca "contar estrictamente con los espacios laborales que sí se necesiten para que el Congreso de la República siga funcionando".
El presidente del @CongresoGuate, Nery Ramos, habló sobre la política que regiría este año para la contratación de personal en ese organismo pic.twitter.com/QiwtJnVjDZ
La resolución se confirmó tras concluir un análisis que estuvo a cargo de la primera secretaria, Karina Paz, quien hizo ver que se trata de personas que laborarían bajo los renglones 022 y 029, es decir empleados de confianza que no son fijos.
Varios de ellos ya habían laborado en períodos anteriores, pero las nuevas autoridades habrían determinado que sus puestos no son imprescindibles y eran parte de una práctica que ha llevado a "elevar excesivamente" la nómina y los recursos destinados al pago de salarios, desde 2016.
Estos 400 contratos son adicionales a 691 con los cuales contaron diputados, bloques legislativos, comisiones de trabajo y la Junta Directiva durante 2023. Sin embargo, Ramos recordó que esas plazas corresponden por derecho a tales instancias.
¿Quiénes se quedaron?
De las 400 contrataciones que estaban en evaluación, hay 143 que continuarán, ya que fueron autorizadas por la Directiva que presidía Shirley Rivera, antes de que culminara su gestión.
De estas, 137 personas tienen un contrato por tres meses y a otras seis se les garantizó el trabajo por todo un año. A decir de Ramos, en cumplimiento con las leyes laborales del país, se decidió no rescindirlos.
Empero, aseguró que una vez culminado el plazo establecido, se analizará si son necesarios sus servicios o si también quedan fuera del Legislativo.
Karina Paz añadió que hay otros 40 empleados cuya situación está pendiente de resolverse, pues están a cargo de actividades que sí se consideran necesarias. Entre estos trabajadores se refirió a fontaneros, carpinteros y otros que hacen trabajos de reparación, así como a los marimbistas.
