La familia López Pérez (nombre ficticio) se disponía a adornar la tumba de la abuela recién fallecida. Caminan entre los mausoleos de colores vivos del cementerio de San Pedro Sacatepéquez a aproximadamente 25 kilómetros de la Ciudad Capital. Luego de una corta caminata, llegan al que pensaron sería el último lugar de descanso de su ser querido, para encontrarlo profanado.
Se habían llevado los objetos de valor y los autores del crimen no se molestaron en disimular lo que habían hecho. El cuerpo de la anciana de 69 años había sido sacado del ataúd y las pertenencias lanzadas por todos lados.
La escena no es extraña. Como explica Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), cada cinco meses reciben un reporte, principalmente en el interior del país, de profanación de sepulturas. “Son casos poco frecuentes, usualmente se roban anillos o collares con los que hayan sido enterrados los cuerpos” comenta Aguilar.
Un crimen del que nadie escapa
El juez Miguel Emiliano Vásquez Aceituno fue encontrado sin vida en su vivienda el 19 de febrero de 2015. A los 32 años de edad, según reportes oficiales, se suicidó. Fue sepultado en Sacapulas, en Quiché y tan solo unas horas después de concluido el sepelio, su tumba fue profanada.
En el reporte del Ministerio Público (MP) consta que desconocidos rompieron la pared del sepulcro y se llevaron dos bolsas con ropa que la familia había colocado en el ataúd junto con los restos del juez.
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Detenido por asesinato de Ana Guerra Olmedo confiesa el crimen. https://t.co/P4ZDFjwtAg pic.twitter.com/rHIfhBAVSz
El MP investiga estos casos de oficio por el delito de profanación de sepulturas, que según el Artículo 225 del Código Penal, tiene pena de prisión de seis meses a dos años.
Al Cementerio General de la capital, el cual es administrado por el Ministerio de Salud, cada días entran 20 nuevos cuerpos.
